La FAM cruzó al gobierno de Milei contra la reforma laboral y la comparó con la Ley Banelco

La Federación Argentina de Municipios (FAM) expresó un rechazo contundente a la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional, en medio del debate en el Congreso. La entidad, que nuclea a más de 500 intendentes de todo el país y es presidida por Fernando Espinoza, cuestionó el contenido del proyecto y alertó sobre sus consecuencias sociales, económicas e institucionales.

A través de un comunicado, la FAM sostuvo que la iniciativa presentada como una “modernización” del régimen laboral no es novedosa y ya fue aplicada en el pasado con resultados negativos. En ese sentido, los jefes comunales compararon la propuesta con la Ley Banelco, sancionada durante el gobierno de la Alianza y asociada a denuncias de corrupción.

Según expresaron, la reforma no promueve la creación de empleo genuino, sino que acelera los despidos y profundiza la precarización laboral. También remarcaron que el impacto no se limita a los trabajadores, sino que afecta a las provincias y municipios, que ven debilitadas sus capacidades para garantizar políticas públicas básicas.

En el texto difundido, los intendentes advirtieron que el proyecto habilita jornadas laborales más extensas, reduce indemnizaciones y flexibiliza las condiciones de contratación. Además, señalaron que una menor masa salarial formal repercute directamente en el consumo, la actividad económica y el entramado social de todo el país.

Otro de los puntos cuestionados fue la modificación de la estructura tributaria vinculada al trabajo registrado. Desde la FAM alertaron que el avance de beneficios no remunerativos reduce aportes y contribuciones, afecta el sistema jubilatorio y pone en riesgo el futuro laboral de las nuevas generaciones.

Por último, la federación reafirmó su decisión de oponerse a la reforma con todas las herramientas democráticas disponibles. En defensa de los derechos laborales, la justicia social y el federalismo, los intendentes advirtieron que insistirán en frenar una iniciativa que, aseguran, implica retroceder cien años en la Argentina.