Fotomultas en la sombra: exministro de Kicillof atrapado por su propio laberinto

El escándalo que rodea al exministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, sumó un capítulo decisivo con el procesamiento dictado por la Justicia federal. La causa, que llevaba meses hurgando en el manejo de las fotomultas y los fondos derivados del sistema de sanciones viales, ahora lo ubica formalmente en el centro de una estructura que, según el juez, habría operado para desviar dinero público y blanquearlo mediante una ingeniería financiera cuidadosamente montada.

El juez Adrián González Charvay, a cargo del Juzgado Federal de Campana, consideró acreditados los indicios suficientes para procesar a D’Onofrio por lavado de activos agravado por su rol como funcionario público. La resolución también incluyó un embargo de 350 millones de pesos y la confirmación de la inhibición general de bienes, medidas que apuntan a garantizar el recupero patrimonial en caso de una eventual condena.

En la misma línea, otro exfuncionario de su área, Facundo Asensio, quien ocupó la Dirección de Fiscalización y Control de la VTV, fue procesado por lavado de dinero y recibió un embargo de 300 millones de pesos. Aunque en su caso la Justicia no consideró probado que su cargo estuviera directamente ligado a las maniobras investigadas, sí detectó movimientos que, para el magistrado, encajan en un mecanismo típico de ocultamiento patrimonial.

Uno de los puntos más llamativos de la investigación surgió con la compra de una camioneta Audi Q8 adquirida a nombre de Asensio por un valor declarado muy por debajo del monto real. La Justicia determinó que el verdadero usuario y beneficiario del vehículo era D’Onofrio, quien incluso figuraba como autorizado a conducirlo y pagaba el Telepase. El juez entendió que se trató de una compra encubierta, mediada por prestanombres y contratos de dudosa legalidad.

El expediente también da cuenta de maniobras posteriores para desprenderse del vehículo, que fue transferido a un tercero el mismo día en que se resolvió la competencia de la causa. Para el juzgado, ese movimiento buscó dificultar la trazabilidad de los bienes, reforzando la hipótesis de una operatoria destinada a disimular el origen ilícito del dinero obtenido mediante las fotomultas.

D’Onofrio, que había renunciado a su cargo a fines del año pasado alegando “motivos personales”, enfrenta ahora un frente judicial mucho más complejo, con dos causas abiertas y medidas procesales cada vez más severas. El procesamiento lo deja en el corazón de uno de los casos de mayor impacto político y administrativo en la Provincia, donde la lupa sobre el negocio de las multas viales promete seguir revelando nuevas conexiones y posibles responsables.