Milei desreguló las cuotas de los colegios privados: cómo repercute en la provincia de Buenos Aires

Luego de que el Gobierno nacional del presidente Javier Milei eliminó por decreto la regulación sobre las cuotas y matrículas de las instituciones privadas, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), que dirige Alberto Sileoni, aclaró que la mayoría de los colegios privados de la provincia de Buenos Aires seguirá bajo control estatal en materia de aranceles.

El organismo provincial emitió un comunicado oficial para precisar el alcance del Decreto 787/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional derogó la norma que desde 1993 establecía un sistema de supervisión sobre los aumentos en los colegios privados de todo el país.

Según explicó la DGCyE, la medida nacional no modifica la situación de las escuelas privadas que reciben aportes del Estado provincial. En esos casos, los aranceles continúan sujetos a la autorización previa y al control de la Dirección General, tal como lo establece la normativa bonaerense vigente.

En la provincia de Buenos Aires, más del 70% de los colegios privados cuentan con subvención estatal, por lo que seguirán alcanzados por los topes y mecanismos de supervisión que determinan los aumentos de matrículas y cuotas.

En cambio, las instituciones que no reciben ningún tipo de subsidio estatal quedan comprendidas en el nuevo esquema de desregulación dispuesto por el gobierno nacional, que les otorga la posibilidad de fijar libremente los valores de sus cuotas y matrículas.

Hasta ahora, tanto los colegios subvencionados como los no subvencionados debían informar cada año -habitualmente en octubre- los montos de matrícula, cantidad de cuotas y valores que regirían al ciclo siguiente.

Con la nueva disposición, las escuelas sin aporte estatal quedan exentas de esa obligación y podrán definir sus aranceles sin necesidad de comunicar ni requerir aprobación de las autoridades educativas.

En base a esta decisión del Gobierno nacional. La secretaria a cargo de Sileoni ratificó que toda “modificación arancelaria en instituciones que reciben aporte estatal deberá ser previamente autorizada por las autoridades provinciales".