Diputados bonaerenses dio luz verde a la ley que regula el uso de celulares en aulas

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que preside Alexis Guerrera volvió al ruedo y dio luz verde a una serie de proyectos, tales como el de la ley que regula el uso de pantallas en las aulas del territorio provincial.

El proyecto impulsado por los senadores Emmanuel González Santalla de La Cámpora y Lorena Mandagarán del GEN ya había obtenido media sanción en la Cámara alta, y avanzó con rapidez en Diputados, donde las comisiones de Salud, Niñez y Legislación General lo dictaminaron por unanimidad.

En efecto, el texto que regula el uso de las pantallas en las aulas prohíbe el uso de celulares durante la jornada educativa en nivel primario, salvo que el docente lo autorice con fines pedagógicos, y establece además un marco para la difusión de campañas de prevención y educación digital.

Uno de los ejes centrales de la norma es la promoción del uso responsable y seguro de pantallas en niños y niñas de hasta 12 años, contemplando tanto los riesgos vinculados a la salud visual y la concentración, como a la exposición a contenidos inapropiados y al impacto en los vínculos sociales.

Por eso, los autores destacaron que la ley no apunta a demonizar la tecnología, sino a acompañar a las infancias en un entorno más regulado y consciente.

En paralelo, la ley que obtuvo su sanción definitiva en Diputados dispone que el Gobierno bonaerense difunda campañas de concientización en sus páginas digitales y en espacios físicos como centros de salud e instituciones educativas

Además prevé la colocación de cartelería con información clara sobre los riesgos del uso excesivo de pantallas junto a recomendaciones para un uso saludable, con el objetivo de involucrar a toda la comunidad educativa y a las familias en la prevención.

Según argumentaron los legisladores, la ley responde a un reclamo de especialistas y docentes, que advierten que los niños de entre 7 y 16 años ya representan el 30% del mercado de teléfonos inteligentes y que en la franja de 10 a 12 años, ocho de cada diez poseen un dispositivo propio.

De cauerdo a la perspectiva de los autores de la propuesta, la ley es un tema de salud pública y de calidad educativa.