Garciarena presentó un proyecto que presiona a Kicillof por el Tribunal Fiscal

El bloque UCR + Cambio Federal de la Cámara de Diputados bonaerense presentó un proyecto para suspender plazos procesales en el Tribunal Fiscal de Apelación de la provincia de Buenos Aires desde el 1° de octubre de 2025 y hasta que el organismo esté completamente integrado, con juramento de sus vocales.

La iniciativa busca evitar que la falta de funcionamiento del tribunal derive en la caducidad de causas, prescripción de acciones fiscales o pérdida de derechos de los contribuyentes y ciudadanos, según el texto oficial.

La polémica se generó porque, aunque la Legislatura bonaerense aprobó en diciembre pasado los pliegos de los abogados y contadores que deben integrarlo, hasta la fecha el Poder Ejecutivo no oficializó la jura de esos vocales, lo que mantiene al tribunal sin la conformación mínima necesaria para dictar resoluciones válidas. Diputados de la oposición denuncian que esta demora ya lleva casi tres meses y genera una situación de gravedad institucional. El proyecto se propuso en el marco de recorridas que viene sosteniendo el legislador radical ante la incertuidumbre por la prórroga de designaciones en ámbito judicial.

El proyecto elaborado por el presidente del bloque, Diego Garciarena plantea que la suspensión de plazos procesales alcance a todos los actos susceptibles de caducidad, preclusión o pérdida de derechos, incluidas interposiciones de recursos, contestaciones, plazos probatorios y dictado de resoluciones. La medida pretende resguardar tanto los derechos de particulares como los intereses fiscales del Estado, evitando que causas queden sin resolución por falta de un tribunal operativo.

Desde el sector oficialista aún no hubo definiciones públicas claras sobre si respaldarán esta iniciativa o si avanzarán sin más demoras en la jura de los integrantes designados, un paso clave para que el Tribunal Fiscal pueda funcionar con normalidad. La ausencia de decisiones concretas por parte del Ejecutivo bonaerense en este tema alimenta las críticas de la oposición.

El Tribunal Fiscal de Apelación bonaerense es un órgano de naturaleza cuasi jurisdiccional que revisa los actos administrativos en materia tributaria dictados por la autoridad fiscal provincial, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa de los contribuyentes. Su conformación completa, seis abogados y tres contadores organizados en tres salas interdisciplinarias, está prevista por la normativa vigente, pero sin juramento oficial no puede emitir fallos válidos.

La situación se agrava en el contexto de reformas tributarias y debates fiscales en todo el país, que este año incluyen modificaciones como la “ley de inocencia fiscal” a nivel nacional que impactó en causas penales económicas, aunque en otra esfera, mostró cómo cambios tributarios y fiscales pueden tener consecuencias procesales importantes.

Con este proyecto, Garciarena no solo apunta a una solución técnica para evitar vacíos procesales, sino que también pone en evidencia la demora de Kicillof y el Ejecutivo en completar la integración del Tribunal, una cuestión que podría convertirse en un foco de tensión institucional en el parlamento bonaerense en los próximos meses.