Prisión preventiva para miembros de la secta de “La Orden de la Luz” que sacudió el Senado bonaerense

La Justicia penal de La Plata dictó prisión preventiva para Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, dos empleados de planta permanente del Senado bonaerense acusados de liderar una serie de abusos sexuales con acceso carnal y otros delitos en el ámbito de la Legislatura provincial, tras una investigación que suma múltiples testimonios y evidencia electrónica.

La medida fue adoptada por el juez de Garantías Juan Pablo Masi, quien hizo lugar al pedido de la fiscal Betina Lacki y ordenó que los imputados continúen detenidos mientras avanza la instrucción penal, en base al riesgo procesal y a la gravedad de los hechos que se investigan.

Según el expediente, que acumula denuncias entre 2015 y 2025, las víctimas, en su mayoría jóvenes en situación de vulnerabilidad, fueron captadas bajo la promesa de oportunidades laborales o políticas, y luego sometidas a abusos, amenazas e incluso privación ilegal de la libertad; algunos hechos, según la investigación, ocurrieron incluso dentro de oficinas del propio Senado bonaerense.

El caso incluye la descripción de una presunta estructura con rasgos sectarios denominada “La Orden de la Luz”, en la que Rodríguez habría ejercido un rol de líder con atribuciones mesiánicas y Silva Muñoz habría actuado como guía espiritual o mediadora, según relatan fuentes judiciales y testimonios recogidos.

Los delitos imputados a la pareja no se limitan a abusos sexuales agravados: también abarcan amenazas, privación ilegítima de la libertad y violación de domicilio, en un patrón que, según la investigación fiscal, se habría repetido de forma sistemática a lo largo de varios años.

La causa se hizo pública tras la detención de ambos acusados el 29 de diciembre de 2025, luego de procedimientos que incluyeron allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos que habrían proporcionado pruebas clave para sostener las acusaciones.

La confirmación de la prisión preventiva generó repercusión política e institucional, con pedidos de pronunciamiento dentro del propio peronismo bonaerense para respaldar a las denunciantes y reclamar agilidad en el esclarecimiento de los hechos, además de continuar analizando posibles responsabilidades de otros niveles dentro de la Cámara Alta provincial.