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Acompañamiento a victimas

Denuncias en el Senado: ministra bonaerense salió a defender su gestión

La ministra de Mujeres rechazó versiones periodísticas, negó encubrimientos y afirmó que el Ministerio actuó con celeridad y prioridad en el acompañamiento a las víctimas.

26 ene 2026

La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, salió al cruce de versiones periodísticas y cuestionamientos sobre su accionar frente a las denuncias por presuntos abusos sexuales en el Senado bonaerense, donde están detenidos dos empleados de la Cámara Alta acusados de graves delitos.

Díaz afirmó que su cartera actuó con “celeridad y responsabilidad” una vez que las víctimas solicitaron asistencia y rechazó versiones que apuntaban a un supuesto conocimiento previo de los hechos antes de su asunción.

El escándalo judicial involucra a Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, empleados de planta permanente del Senado, quienes fueron detenidos en diciembre pasado y están imputados en una causa que investigan abusos sexuales cometidos desde 2014, según reconstrucciones de la investigación.

Si bien algunos medios nacionales señalaron que Díaz conocía los rumores sobre las acusaciones contra los ahora detenidos antes de asumir como ministra en diciembre de 2019, la funcionaria rechazó esas versiones y las calificó de parte de una “operación” mediática para desacreditarla. Díaz sostuvo que esos rumores no constituyen información formal ni obligan a la intervención del Estado antes de que las víctimas inicien acciones concretas ante la justicia.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Díaz enfatizó que “todos nuestros equipos intervinieron con celeridad y poniendo como principal prioridad a las víctimas y sus tiempos en la denuncia”, y subrayó que su función es brindar acompañamiento y orientación, mientras que la investigación judicial corresponde al Poder Judicial.

La intervención formal del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense se produjo recién en octubre de 2024, cuando una empleada de la Cámara de Senadores solicitó asistencia antes de presentar la denuncia penal, y el caso fue derivado a la Dirección de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos del organismo.

El caso generó además debate político más amplio en la provincia de Buenos Aires, con cuestionamientos de sectores opositores que pidieron investigar posibles responsabilidades institucionales y reflexiones sobre el rol del Estado en el acompañamiento a las víctimas de violencia de género.

En este contexto, Estela Díaz defendió las políticas públicas de su gestión y reiteró que “revictimizar a las denunciantes o desacreditar las políticas de género es reproducir una violencia más”.

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