Escándalo en el Senado bonaerense, detienen a empleados y una dirigente de UPCN

Dos empleados del Senado bonaerense fueron detenidos en las últimas horas en el marco de una causa por delitos sexuales que se investiga desde hace más de once años en la Justicia. El expediente tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de La Plata, a cargo de la fiscal Betina Lacki, y entre las personas arrestadas se encuentra una dirigente de UPCN provincia de Buenos Aires.

La causa se inició en 2014 a partir de la denuncia de una joven militante que aseguró haber sido víctima de abuso. Con el correr de los años, el expediente fue sumando nuevos testimonios: en 2019 se incorporaron dos denuncias más y, ya en 2025, otras dos situaciones fueron puestas en conocimiento de la fiscalía. En total, se investigan al menos cinco hechos, aunque no todas las víctimas continuaron el proceso judicial.

Según fuentes judiciales, algunas denunciantes desistieron de avanzar por temor, presiones o por las complejas consecuencias personales y laborales que implicaba el caso. Por ese motivo, las identidades de las víctimas se mantienen bajo estricta reserva, en línea con los protocolos vigentes para este tipo de delitos.

La hipótesis central de la fiscalía describe un patrón de captación. Las jóvenes habrían sido contactadas a través de tareas de militancia política, con promesas de acompañamiento, contención y posibles oportunidades laborales dentro del Estado. En varios casos, esas promesas se habrían concretado con ingresos al Senado bonaerense u otras dependencias públicas.

Sin embargo, de acuerdo a la investigación, esos empleos tenían una contrapartida. Las denunciantes relataron que debían entregar una parte significativa de sus salarios bajo el argumento de sostener actividades militantes, generando un vínculo de dependencia económica y subordinación que, según la fiscalía, facilitó los abusos denunciados.

Uno de los aspectos más sensibles del expediente es que parte de los hechos habrían ocurrido dentro del propio Senado provincial. En particular, se menciona la oficina “007”, una dependencia que funciona bajo la órbita de la Presidencia de la Cámara. De confirmarse esta hipótesis, la causa sumaría el uso de instalaciones oficiales del Estado como escenario de los delitos.

Los principales acusados son Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos integrantes de la planta permanente del Senado bonaerense. Rodríguez aparece señalado como una figura central del entramado y fue docente en el colegio secundario del club Estudiantes de La Plata, ámbito en el que habría conocido a una de las víctimas.

Silva Muñoz, además de su cargo legislativo, integra la Secretaría de Género de UPCN seccional provincia de Buenos Aires, un dato que generó fuerte impacto político y sindical. Para la Justicia, ese rol podría haber funcionado como un factor de legitimación y poder frente a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Las defensas de los imputados, a cargo del abogado Gastón Nicocia, solicitaron la eximición de prisión. En paralelo, los abogados de al menos tres denunciantes, Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly, advirtieron que algunas presuntas víctimas aún mantienen vínculos laborales de dependencia con Rodríguez, lo que agrava el cuadro de presión y condicionamiento.

La investigación también analiza la posible existencia de una estructura cerrada denominada “La Orden de la Luz”, que operaría con dinámicas de tipo sectario. Las comunicaciones internas del grupo se realizaban mediante correos electrónicos con lenguaje encriptado, lo que refuerza la hipótesis de una organización planificada. La causa sigue en pleno desarrollo y no se descartan nuevas imputaciones ni ampliaciones de las denuncias.