Legisladora libertaria advirtió que denunciará a un intendente bonaerense por la crisis hídrica en un municipio

La senadora bonaerense de La Libertad Avanza, Analía Balaudo, elevó a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires la grave situación de falta de agua potable que enfrentan los vecinos de Carlos Casares y advirtió que impulsará un amparo colectivo en la Justicia si el Estado no da respuestas concretas a la crisis hídrica en el distrito.

Balaudo calificó el problema como “una crisis anunciada que nadie quiso resolver”, y explicó que tras meses de baja presión en la red de agua, acumulados desde marzo de 2025, los cortes eléctricos que afectaron al Acueducto Moctezuma empeoraron la situación hasta el colapso del sistema en diciembre, dejando barrios enteros sin acceso al agua básica.

La empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) confirmó que los constantes microcortes de energía eléctrica impactan directamente en los equipos que alimentan el acueducto, reduciendo el caudal que llega a la Planta Potabilizadora de Carlos Casares y Pehuajó, lo que provoca baja presión o falta de agua en las redes domiciliarias. Vale la pena recordar que Balaudo fue electa senadora provincial en la Cuarta Sección durante las elecciones desdobladas que se realizaron el 7 de septiembre del 2025.

Además de los problemas de suministro, la región viene soportando efectos de inundaciones y condiciones climáticas adversas que han afectado al servicio y a la infraestructura hídrica. En distritos vecinos como Nueve de Julio y Pehuajó también se registra impacto en el abastecimiento por fallas eléctricas en perforaciones y cañerías vinculadas al mismo sistema de acueducto.

Los vecinos y productores rurales denunciaron que, además de la falta de agua potable, las zonas rurales sufren cortes de luz simultáneos, bombas fuera de servicio y cañerías rotas, lo que agrava la crisis en plena temporada de altas temperaturas y emergencia productiva. La denuncia que presentó la legisladora libertaria apunta directamente a la gestión municipal de Daniel Stadnik, intendente de Carlos Casares.

La reacción de Balaudo tiene lugar en un contexto más amplio de reclamos judiciales y sociales por el derecho al agua en distintos municipios de la Provincia, donde organizaciones y comunidades han promovido acciones legales contra ABSA por deficiencias en la prestación del servicio y calidad del agua. Por ejemplo, en otros casos la Justicia bonaerense ya ordenó a ABSA garantizar agua potable con parámetros seguros de arsénico en localidades como Chivilcoy.

La legisladora sostuvo que si no hay soluciones urgentes, presentará un amparo colectivo para que la Justicia obligue al Gobierno y a la prestataria a garantizar el acceso al agua potable, un derecho humano básico, y responsabilizó a las autoridades por la falta de gestión, inversión y previsión ante un problema que se extiende desde hace años en Carlos Casares.