Agenda judicial 2026: el Gobierno de Kicillof va por las vacantes en la Corte bonaerense

El 2026 se presenta como un año decisivo para Axel Kicillof en el frente judicial. Tras los avances logrados durante 2025, el gobernador bonaerense enfrenta ahora el desafío de sostener el ritmo de designaciones y avanzar sobre el núcleo más sensible del sistema: la cobertura de vacantes en todo el Poder Judicial y la recomposición de la Suprema Corte provincial.

Durante el último año se destrabaron nombramientos largamente demorados. En mayo se aprobaron 131 pliegos y hacia fines de agosto se oficializaron más de 200 designaciones en juzgados, fiscalías, defensorías y cámaras. Sin embargo, el alivio fue parcial: el sistema judicial bonaerense todavía arrastra un déficit estructural que condiciona su funcionamiento cotidiano.

Las estimaciones oficiales indican que cerca de 330 cargos continúan vacantes en distintos departamentos judiciales de la Provincia. El problema no solo responde al atraso acumulado, sino también a una dinámica constante de bajas: cada año se generan entre 30 y 40 nuevas vacantes producto de jubilaciones, renuncias y fallecimientos, lo que obliga a mantener un ritmo sostenido de nombramientos para no retroceder.

En ese contexto, la continuidad de las designaciones y la capacidad de articular acuerdos legislativos serán claves para determinar si el 2026 consolida la recuperación iniciada o si el proceso vuelve a empantanarse. La prioridad política del área judicial y la estabilidad del frente parlamentario aparecen como factores determinantes.

El punto más crítico del tablero es la Suprema Corte de Justicia bonaerense. El máximo tribunal funciona hoy con solo tres de los siete miembros que establece la ley: Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres. Esta situación excepcional obliga a integrar fallos con jueces de Casación y mantiene al órgano en una fragilidad institucional prolongada.

A fines de 2025, el Ejecutivo provincial abrió negociaciones para cubrir las cuatro vacantes existentes. La discusión quedó atada al debate por el Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y la autorización de endeudamiento por unos 3.500 millones de dólares. El compromiso político alcanzado apunta a intentar completar la Corte antes de la feria judicial de julio.

La complejidad del proceso es marcadamente política. La definición de los nombres enfrenta tensiones entre el kicillofismo, el cristinismo, el massismo y la oposición, que también reclama participación. El esquema que circula prevé tres postulantes del peronismo, representando a sus principales corrientes internas, y un cuarto impulsado por la UCR.

El escenario legislativo suma incertidumbre. En el Senado, el oficialismo convive con disputas internas, mientras que en Diputados persisten tensiones tras el veto de Kicillof a artículos del presupuesto vinculados al financiamiento de la Cámara. Aun así, el debate por la deuda reabrió canales de diálogo que mantienen viva la negociación por la Corte.

Como telón de fondo, aparece la posibilidad de una nueva vacante si se concreta la salida de Hilda Kogan, lo que elevaría a cinco los lugares a cubrir en el máximo tribunal. Con ese horizonte, el 2026 se perfila como un año bisagra para Kicillof: deberá avanzar en la recomposición general del Poder Judicial y resolver la pulseada política más delicada para estabilizar la Suprema Corte bonaerense.