El "papelito" de la deuda, el trueque con Santilli y las internas a flor de piel: cómo reacciona el Gobierno bonaerense

El enfrentamiento entre la provincia de Buenos Aires y la Nación ha escalado al punto de convertir la autorización para tomar deuda en una herramienta de presión política. El gobierno de Axel Kicillof denunció formalmente que la Casa Rosada, a través del ministro del Interior, Diego Santilli, está condicionando el aval técnico para el endeudamiento provincial, clave para gestionar los dos últimos años de mandato, a cambio de asegurar los votos bonaerenses necesarios para la aprobación del Presupuesto Nacional en el Congreso.

Esta maniobra fue calificada por funcionarios provinciales como un “trueque político” que utiliza un mero trámite administrativo como "medida de cambio", generando gran preocupación en la Gobernación ubicada en La Plata.

La raíz del conflicto yace en la necesidad de financiamiento de Buenos Aires, una provincia que requiere aval federal para salir a los mercados, pero que al mismo tiempo es la mayor acreedora del Estado nacional, reclamando una deuda histórica por casi 13 billones de pesos en concepto de transferencias discrecionales y fondos específicos (como el Fondo Educativo y partidas de obra pública).

La paralización de proyectos cruciales, como el dragado del Río Salado, que debe ser finalizado con fondos nacionales, ejemplifica cómo esta pulseada financiera afecta directamente la infraestructura crítica y la vida cotidiana de los bonaerenses, subiendo la tensión institucional entre el libertarismo y el peronismo.

El entramado de este tire y afloje se complejiza ante la inminente discusión del Presupuesto Nacional y Provincial 2026. Mientras la Nación busca la aprobación de su “Ley de Leyes” para sostener su plan de ajuste y reforma, la provincia de Kicillof requiere la aprobación de su propio presupuesto, que incluye un ambicioso plan de endeudamiento, para poder funcionar sin recurrir a la prórroga.

La gestión bonaerense se ve doblemente presionada: por el cerrojo federal a la deuda y por la dura negociación con la oposición y su propio frente interno en la Legislatura provincial. Precisamente, la dificultad de Kicillof para negociar su presupuesto y endeudamiento provincial desnuda la profunda interna del peronismo bonaerense sumado a las fricciones con la Nación y el pedido de reunión negado por el reciente ministro del Interior, Diego Santilli.

El gobernador, si bien cuenta con el apoyo territorial de gran parte de los intendentes, enfrenta la resistencia del sector más duro, históricamente alineado con La Cámpora y Máximo Kirchner. Este sector, crítico de algunas disposiciones del proyecto presupuestario (como el reparto de fondos a municipios), exige mayores concesiones y busca mantener una cuota de poder determinante en el bloque legislativo, poniendo en jaque la gobernabilidad provincial y debilitando la postura de Kicillof frente a la Nación.

A su vez, en las filas de La Libertad Avanza (LLA), la estrategia de la deuda como moneda de cambio tampoco opera sin fricciones. Aunque el ministro Santilli lidera la negociación con los gobernadores, las internas dentro del bloque libertario, sumadas a la inexperiencia en el juego de las mayorías parlamentarias, introducen incertidumbre en la aprobación del propio Presupuesto Nacional. La LLA debe coordinar las demandas de sus nuevos aliados circunstanciales y los matices dentro del variopinto oficialismo para evitar que la presión ejercida sobre las provincias se vuelva un boomerang que termine bloqueando sus propias iniciativas.

En conclusión, la disputa por la autorización de la deuda trascendió lo administrativo para convertirse en el epicentro de un ajedrez político de alta complejidad. No solo enfrenta a los gobiernos de Kicillof y Milei en una lucha de recursos y poder, sino que funciona como un catalizador que acelera las fracturas internas en ambos espacios: La Cámpora presiona al gobernador desde el peronismo y el oficialismo nacional se somete a la prueba de fuego de sus propias negociaciones legislativas. La capacidad de la provincia para financiar su gestión y la de la Nación para asegurar su ley de gastos dependen, paradójicamente, de un simple "papelito" que hoy tiene un valor incalculable.