Kicillof redobla la apuesta contra Milei y las rutas estratégicas e impulsa una jugada clave en la lucha por AUBASA

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, avanzó con una ofensiva legal para revertir la exclusión de la empresa estatal AUBASA en la licitación por la concesión del corredor de la autopista Riccheri, al presentar una impugnación formal con respaldo técnico y una garantía de $350 millones. La medida fue adoptada tras la decisión del Ejecutivo nacional a cargo de Javier Milei de dejar fuera a la firma bonaerense del proceso.

La presentación fue elevada ante los organismos nacionales competentes luego de que Vialidad Nacional descalificara a AUBASA en la etapa de precalificación. Desde la Provincia sostienen que la decisión carece de fundamentos sólidos y que responde a criterios discrecionales que afectan la transparencia del proceso licitatorio.

Uno de los ejes centrales del planteo bonaerense apunta a cuestionar la interpretación técnica utilizada para excluir a la empresa. Según el dictamen oficial, AUBASA no acreditó experiencia en la ejecución directa de obras viales, un requisito considerado clave en los pliegos de la licitación impulsada por Nación.

Frente a ese argumento, la administración provincial defendió el perfil de la compañía y su trayectoria en la gestión integral de corredores viales. En ese marco, citó incluso doctrina jurídica vinculada a las concesiones públicas para sostener que la idoneidad no debe limitarse a la construcción directa, sino a la capacidad de operación y mantenimiento.

En paralelo, la impugnación también incluyó cuestionamientos hacia otras empresas que continúan en carrera. Según la presentación, algunas firmas privadas habrían sido habilitadas pese a registrar incumplimientos en aspectos técnicos, financieros o documentales exigidos por los pliegos.

La disputa se inscribe en un conflicto más amplio entre la administración bonaerense de Kicillof y el gobierno de Javier Milei en torno al modelo de gestión de la infraestructura vial. Mientras Nación impulsa un esquema basado en concesiones privadas, desde la Provincia defienden el rol de las empresas públicas en áreas estratégicas.

El proceso licitatorio forma parte de la Red Federal de Concesiones, que prevé la adjudicación de miles de kilómetros de rutas nacionales a operadores privados. En el caso del tramo Sur-Atlántico–Acceso Sur, se trata de uno de los corredores más relevantes por su volumen de tránsito y conexión con el Área Metropolitana.

Actualmente, varias compañías continúan en competencia por la concesión, que podría extenderse por hasta 20 años. El esquema contempla además modificaciones en el sistema de peajes y la incorporación de nuevas tecnologías de cobro, en línea con el plan de modernización impulsado por el Ejecutivo nacional.

Desde el entorno de Kicillof interpretan que la exclusión de AUBASA tiene un trasfondo político y busca limitar la participación de la Provincia en un negocio clave. En ese sentido, remarcan que la empresa cuenta con experiencia comprobada en la administración de autopistas y ejecución de obras en territorio bonaerense.

En síntesis, la definición queda en manos del Gobierno nacional, que deberá resolver si hace lugar a la impugnación o ratifica la exclusión de la firma estatal bonaerense. La decisión podría impactar no solo en el resultado de la licitación, sino también en la relación política entre Nación y Provincia que se ve empantana entre ambiciones personales y tensiones entre ambas gestiones en un área sensible como la infraestructura.