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El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por el gobernador Axel Kicillof, oficializó la transferencia de hasta $12.300 millones a la empresa estatal Buenos Aires Gas S.A. (BAGSA) durante 2026, con el objetivo de garantizar su funcionamiento, sostener la prestación del servicio y ampliar la cobertura en distritos sin acceso. La medida fue formalizada por decreto y prevé desembolsos mensuales sujetos a revisión del Ministerio de Economía.
El aporte se encuadra bajo la figura de “aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital”, una herramienta ya utilizada en años anteriores para reforzar la estructura financiera de la compañía sin alterar su composición accionaria. En antecedentes recientes, la Provincia ya había destinado fondos similares para asegurar la continuidad operativa del servicio energético.
Desde el Ejecutivo bonaerense sostienen que la inyección de recursos apunta a garantizar el suministro y mejorar la infraestructura en zonas donde el gas natural aún no llega, especialmente en el Interior provincial. BAGSA cumple un rol clave en ese esquema, ya que impulsa obras para reemplazar sistemas basados en GLP por redes domiciliarias más eficientes.
En ese sentido, la empresa estatal viene ejecutando planes de expansión que incluyen proyectos en distintas localidades, muchos de ellos vinculados a demandas históricas de acceso al servicio. Estas iniciativas requieren financiamiento sostenido debido a los altos costos de infraestructura y a la baja rentabilidad en áreas donde no operan concesionarios privados.
El esquema de pagos definido por el decreto establece que los giros serán periódicos y estarán sujetos a la disponibilidad financiera de la Provincia, lo que abre la puerta a posibles ajustes en el cronograma. La supervisión del uso de los fondos quedará bajo la órbita de organismos técnicos, con el objetivo de asegurar su correcta aplicación en obras y mantenimiento.
La decisión se da en un contexto de presión sobre las cuentas públicas y en medio de un debate más amplio sobre el rol del Estado en sectores estratégicos como la energía. En ese marco, el Ejecutivo bonaerense refuerza su apuesta por la intervención estatal para garantizar servicios esenciales y sostener la expansión de la infraestructura energética.
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