Dentro del peronismo provincial, vuelven los cruces entre los intendentes y el gobernador Axel Kicillof en torno a la Ley de Leyes. Empieza a aparecer la disputa por los recursos y la interna queda totalmente a la vista. Es lo que empieza a pasar con la discusión de un Presupuesto 2023 que está al caer en la Legislatura, y sobre el que los jefes comunales quieren hincar el diente para quedarse con más recursos de los que, a priori, les tocarían.
Existen dos cuestiones preponderantes que incentivan estas disputas: la primera es el proceso electoral del año próximo y cómo se reparten los excedentes que llegan a las arcas bonaerense desde el gobierno nacional. Pero ambas van de la mano, porque los intendentes presionan por los recursos haciendo hincapié en lo que consideran una falta de acción política por parte del Gobernador.
Desde el pensamiento de algunos responsables del peronismo en el Conurbano, aseguran que "no hay autocrítica" en la gestión. Si bien el gobernador piensa que es aceptable, hay varios alcaldes que no se sienten escuchados y que forman parte del gobierno.
Uno de los motivos principales es que Kicillof nuevamente delegó el armado de su campaña por la reelección en su círculo más cercano, con el jefe de Asesores, Carlos Bianco a la cabeza. Es por eso que algunos intendentes tienen bronca, porque aseguran que no los convocaron a participar activamente de las PASO, pero que se hicieron cargo de la campaña post derrota.
En ese marco, se habló mucho de la salida de los intendentes que ocupan cargos en el gabinete provincial, como Martín Insaurralde y Leonardo Nardini, para volver a pelear a sus distritos. Sin embargo, desde el entorno de ambos ministros niegan que vayan a dejar el cargo en diciembre. Es lógico que esto suceda, pero en las circunstancias actuales esas probables noticias tienen un trasfondo bastante más gris.
Los jefes distritales piden un protagonismo que el gobernador no les da en el armado político de su pretendida reelección. También piden con insistencia más lugares en la estructura del poder provincial.
Otros focos de la interna oficialista también son las demoras en la obra pública y en la entrega de dinero del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) levanta las quejas de los jefes comunales por el camino burocrático de los expedientes. Desde ambos lados del mostrador se cuestionan. Por un lado los que culpan al ministro de Infraestructura, por el otro los que dicen que las demoras se producen en el ministerio de Hacienda, a cargo de Pablo López.
Esa es, en definitiva, una de las pujas más fuertes que involucra a las tres patas principales que componen el Frente de Todos bonaerense. La Cámpora juega un rol fundamental en la Legislatura, donde se debe aprobar el Presupuesto 2023. Los intendentes no solo quieren un FIM ampliado; también ponen sobre la mesa un pedido de mayor reparto del dinero proveniente del gobierno nacional.
El punto principal de conflicto son los recursos que llegan por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, creado a partir del punto de Coparticipación que la Nación le redujo a la Ciudad de Buenos Aires. Ese dinero representa casi la mitad de lo que el Gobierno central le gira de manera discrecional a la Provincia, y que el Estado bonaerense no coparticipa con los municipios.