10 abr 2026
El gobierno de Santa Fe, comandado por el gobernador Maximiliano Pullaro, difundió una serie de parámetros los cuales utilizaron como base para afirmar que la provincia registra los niveles más bajos de violencia de género en los últimos 14 años. Frente a esto, organizaciones sociales contrastaron lo expuesto por la administración santafecina.
Los datos fueron presentados por el Observatorio de Seguridad Pública y elaborados en conjunto por el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad y el Ministerio Público de la Acusación.
Según el informe, durante 2025 se registraron 30 muertes violentas de mujeres en la provincia de Santa Fe. Dentro de ese total, 16 casos fueron catalogados como homicidios por razones de género, mientras que dos episodios fueron clasificados como transfemicidios.
El relevamiento también señaló que la mayoría de los casos ocurrió en el departamento Rosario, que concentró el 60 % de los hechos, mientras que el departamento La Capital reunió el 40 % restante.
En cuanto al perfil de las víctimas, el documento indica que la franja etaria más afectada se ubica entre los 20 y los 40 años. Asimismo, el informe remarca que en la mayoría de los casos existía un vínculo previo entre víctima y agresor y que los hechos se produjeron mayoritariamente dentro del domicilio.
La presentación del informe no cerró el debate. Desde distintas organizaciones que trabajan en el monitoreo de la violencia machista señalaron que las cifras oficiales deben analizarse con mayor profundidad.
Uno de los cuestionamientos más firmes llegó desde la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), que difundió un documento donde pone en duda parte del diagnóstico presentado por el gobierno.
Según el observatorio de esa organización, la reducción en los asesinatos de mujeres estaría vinculada principalmente a la caída de homicidios asociados al narcotráfico y al crimen organizado, y no necesariamente a una disminución de los femicidios en el ámbito doméstico.
Desde Mumalá advierten que los femicidios íntimos o directos no registraron un descenso significativo y que, por el contrario, aumentaron las tentativas de femicidio.
El informe de la organización también plantea que el 38 % de las víctimas había realizado denuncias previas contra su agresor sin recibir medidas de protección eficaces por parte del Estado. En algunos casos, incluso existían restricciones de acercamiento o botones de alerta que no contaron con seguimiento institucional suficiente.
Además, la organización señaló que durante 2025 se registraron al menos 72 intentos de femicidio en la provincia, un dato que —según sostienen— no aparece reflejado con la misma centralidad en el informe oficial.
Otro de los puntos señalados por las organizaciones tiene que ver con las herramientas institucionales disponibles para abordar la problemática.
Desde Mumalá pidieron recuperar el Registro Único de Violencias contra las Mujeres (RUVIM), una base de datos prevista por la legislación nacional y provincial que fue implementada en años anteriores pero que actualmente no se encuentra activa.
Según sostienen, contar con registros estadísticos integrales es clave para comprender las dinámicas territoriales de la violencia de género y diseñar políticas de prevención más eficaces.
Asimismo, manifestaron la importancia de fortalecer el área estatal encargada de coordinar las políticas de género, dotándola de mayor jerarquía institucional y presupuesto.
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