Santa Fe: una denuncia por sobreprecios y autos de alta gama derriban a Pullaro y su política de austeridad

En medio de la tensión entre el Gobierno de Santa Fe y trabajadores estatales, docentes y de las fuerzas de seguridad por los salarios, la administración que lidera Maximilano Pullaro enfrenta una denuncia por presuntos sobreprecios n la compra de un vehículo.

Se trata de una licitación impulsada por la Fiscalía de Estado que, según la prsentación judicial, habría derivado en la compra de un vehículo de alta gama con un sobreprecio significativo y bajo condiciones que restringieron la competencia.

Según publicó el portal Política de Santa Fe, la operación corresponde al expediente N.º 01101-0022315-0 y a la Licitación 98/25, cuyo objeto fue la adquisición de un SUV para uso oficial.

El presupuesto original, fijado en septiembre de 2025, era de 50 millones de pesos. Sin embargo, la adjudicación final —concretada en diciembre del mismo año— alcanzó los $67.023.829, lo que representa un incremento del 34% respecto del monto inicial.

La compra recayó en la firma Escobar S.A. y correspondió a un Volkswagen Taos Highline, la versión más equipada —y costosa— dentro de ese modelo.

El punto central de la denuncia radica en que, ante una diferencia de esa magnitud, lo habitual en términos administrativos sería declarar desierta la licitación o requerir mejoras en la oferta, algo que no ocurrió.

Según el denunciante, el pliego habría sido diseñado o modificado para orientar la compra hacia una versión de alta gama que excedía las necesidades operativas del organismo.

“El presupuesto alcanzaba para una unidad estándar, pero se optó por el tope de gama”, sostiene el informe, que cuestiona la decisión en un contexto donde el propio gobierno insiste en la necesidad de reducir el gasto público.

Además, se menciona la emisión de una circular aclaratoria apenas tres días antes de la apertura de sobres, que habría modificado requisitos técnicos y favorecido a un único oferente.

La denuncia apunta directamente a la estructura de decisión dentro de la Fiscalía de Estado. Por un lado, se menciona a la fiscal adjunta Erica Lamas, quien firmó el dictamen que avaló la conveniencia económica de la oferta, pese a superar ampliamente el presupuesto oficial.

Por otro, se señala al fiscal de Estado, Domingo Rondina, como máxima autoridad del organismo y responsable del control del gasto.

Según la documentación, la adjudicación se justificó bajo criterios de “conveniencia y urgencia”, sin que mediaran instancias de revisión o nuevas convocatorias.

Así, el gobierno del radical Pullaro queda nuevamente mal parado mientras las críticas por la inseguridad, los salarios y la gestión de los recursos siguen agolpándose en Santa Fe.