Escándalo en Pellegrini: millonarios pagos sin aportes de la gestión municipal salieron a la luz

El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires aprobó la rendición 2024 de la Municipalidad de Pellegrini, aunque detectó graves irregularidades en la gestión de la intendenta Sofía Gambier, incluyendo el pago de $178 millones en salarios sin aportes al sistema previsional, lo que motivó sanciones económicas y observaciones que mantienen el caso bajo análisis.

El fallo, emitido en los últimos días, combina una validación formal de los números con un fuerte cuestionamiento al manejo administrativo. El organismo de control aplicó multas directas a la jefa comunal y a otros funcionarios, además de advertencias por posibles responsabilidades futuras.

El punto más delicado del informe está vinculado a la liquidación del denominado “adicional por mérito”, un concepto salarial que fue abonado durante todo el año sin realizar los aportes correspondientes a organismos como el IPS y la obra social IOMA.

Según el Tribunal, esa práctica no puede considerarse un error menor, ya que implica incumplimientos legales con impacto directo en el sistema previsional y sanitario. Además, abre la puerta a reclamos, deudas acumuladas y eventuales perjuicios económicos para el municipio.

Otro de los focos críticos se ubica en la obra pública, donde se detectaron anticipos financieros a empresas sin respaldo en los pliegos licitatorios. Esta modalidad, advirtió el organismo, vulnera principios básicos de transparencia y control del gasto.

El informe también cuestiona la subejecución del Fondo Educativo. Si bien el municipio recibió cifras millonarias, la inversión en infraestructura escolar quedó muy por debajo de los mínimos exigidos por ley, lo que marca un desvío en el destino de esos recursos.

En paralelo, la auditoría expuso falencias en la recaudación municipal. La falta de políticas activas para el cobro de deudas a contribuyentes podría derivar en la prescripción de obligaciones y en una pérdida de ingresos clave para las arcas locales.

Las irregularidades se extienden además a los procesos de contratación, donde se detectaron inconsistencias administrativas, falta de justificación en servicios contratados y debilidades en los mecanismos de control interno.

A pesar de este escenario, la rendición fue aprobada, aunque lejos de significar un aval político. El fallo deja abiertas responsabilidades, sanciona conductas y funciona como una advertencia sobre una gestión que, según el propio Tribunal, presenta problemas estructurales en el manejo de fondos públicos.