Milei pasa la motosierra en salud: quieren privatizar cinco hospitales públicos bonaerenses

El Gobierno nacional analiza avanzar con un cambio profundo en la administración de cinco hospitales públicos bonaerenses, cuatro ubicados en el Conurbano y uno en el interior provincial. La iniciativa, que se evalúa por estas semanas, implicaría la concesión de la gestión a privados mediante un sistema de cápitas, y ya encendió alertas entre trabajadores de la salud y sindicatos del sector.

Los centros alcanzados por la posible medida son el hospital “Néstor Kirchner” de Cañuelas, los hospitales “René Favaloro” y “Presidente Néstor Kirchner” de La Matanza, el “Bicentenario” de Esteban Echeverría y “El Cruce Dr. Néstor Kirchner” de Florencio Varela. Todos integran el sistema SAMIC, de administración compartida entre Nación y Provincia.

Aunque no hubo anuncios oficiales, desde el Ejecutivo reconocieron que se estudian alternativas de gestión para esos hospitales. La opción con más fuerza es la aplicación del llamado “modelo español”, que consiste en concesionar la administración a empresas privadas y financiar la atención mediante pagos de cápitas, con participación de obras sociales y prepagas.

La iniciativa se enmarca en la política de ajuste impulsada por el gobierno de Javier Milei, con el objetivo de reducir el gasto estatal. Actualmente, la Nación afronta entre el 70 y el 80% del financiamiento de estos hospitales, mientras que la Provincia y los municipios realizan aportes menores, lo que genera tensiones entre ambas administraciones.

Una de las incógnitas es el camino legal para implementar el cambio. Como los hospitales fueron creados por ley, una modificación de fondo debería pasar por el Congreso, escenario que el oficialismo busca evitar tras conflictos recientes por el financiamiento sanitario. Por eso, no se descarta que el Ejecutivo avance mediante un decreto.

El rechazo más contundente llegó desde el ámbito gremial. La Federación Sindical Nacional de Trabajadores de la Salud advirtió que la privatización pondría en riesgo el carácter público del sistema y el acceso universal a la atención. Además, denunciaron un proceso de desfinanciamiento sostenido que ya impacta en el funcionamiento diario de los hospitales.