Rutas detonadas y tarifas en alza: legisladores bonaerenses cuestionan a Milei y a Kicillof por el desastre

La situación de la seguridad vial volvió a colocarse en el centro de la agenda política bonaerense luego de que diputados de la Unión Cívica Radical + Cambio Federal salieran a cuestionar con dureza tanto al Gobierno nacional como a la Ejecutivo provincial. Desde la Legislatura, las críticas apuntaron al deterioro de las rutas, la paralización de obras públicas y el impacto directo que estas decisiones tienen en la seguridad vial y en la economía del interior.

En primer lugar, la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza cargó contra el presidente Javier Milei por el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires. La legisladora cuestionó que, pese a la duplicación de la recaudación del Impuesto a los Combustibles durante 2025, esos recursos no se destinen a obras de infraestructura vial, tal como establece la normativa vigente.

“¿Qué país puede crecer sin la infraestructura necesaria?”, planteó Vaccarezza, al advertir que la falta de mantenimiento y de inversión en rutas y caminos desalienta la producción, el turismo y la llegada de inversiones al Interior bonaerense. En ese sentido, acusó al Gobierno nacional de utilizar fondos específicos para cubrir “agujeros de un programa económico inviable”.

Las críticas se apoyan en alertas técnicas de distintos sectores. El Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que denunció el grave deterioro de la red vial nacional y reclamó la implementación urgente de un plan integral de obras públicas, tras el trágico accidente ocurrido en la Ruta Nacional 3, a la altura de San Miguel del Monte.

Según detalló la entidad profesional, esa traza presenta problemas estructurales de larga data, como calzadas angostas, baches profundos, señalización deficiente y obras inconclusas, factores que incrementan de manera significativa el riesgo de siniestros viales. A ello se suma la virtual paralización de proyectos financiados por el Estado nacional.

En paralelo, vecinos autoconvocados realizaron protestas en distintos puntos de la Provincia para reclamar mejoras en las rutas nacionales y condiciones mínimas de seguridad. Las manifestaciones reflejan un creciente malestar social frente al abandono de la infraestructura y la falta de respuestas oficiales.

En la misma línea, Vaccarezza también puso en duda el reciente anuncio del Gobierno nacional sobre la reactivación de las obras de dragado de la Cuenca del Río Salado. Si bien celebró la posibilidad de retomar un proyecto clave para el sector productivo, advirtió que “las promesas ya cansaron” y reclamó hechos concretos y máquinas trabajando en el territorio.

Del otro lado del escenario político, el diputado radical Diego Garciarena apuntó contra el Gobierno de Axel Kicillof tras la autorización de un nuevo aumento del 21% en la tarifa de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). El legislador cuestionó el momento y el impacto de la medida, en un contexto de deterioro de las rutas provinciales y de presión sobre los bolsillos de los automovilistas.

A través de sus redes sociales, Garciarena denunció que mientras el Ejecutivo provincial difunde actos y operativos oficiales, se autoriza una suba que convierte a la VTV en un trámite “absolutamente inútil” frente a la falta de controles integrales y de inversión real en seguridad vial.

El aumento, que comenzará a regir a partir del 16 de enero de 2026, fue oficializado por el Ministerio de Transporte bonaerense y llevará la tarifa básica a más de 97 mil pesos para los vehículos particulares. Desde la Provincia explicaron que la actualización responde a un mecanismo automático vinculado a los salarios del sector, establecido en el pliego de concesión.

Sin embargo, desde la oposición sostienen que el incremento vuelve a ubicarse por encima de la inflación promedio y no se traduce en mejoras visibles en la red vial. Garciarena resumió su crítica con una consigna directa al gobernador: “Menos campaña, menos interna y más gestión”.

Así, con cuestionamientos cruzados al Presidente y al Gobernador, la UCR bonaerense puso sobre la mesa un reclamo común que atraviesa a distintos sectores sociales y productivos: la necesidad de una política sostenida de inversión en infraestructura, rutas seguras y servicios públicos que acompañen el desarrollo económico y no se limiten a ajustes y anuncios sin ejecución.