25 sep 2025
Victoria Villarruel volvió a tomar distancia del gobierno de Javier Milei en medio de la creciente tensión social por la crisis laboral. Durante una actividad en la Universidad del Salvador (USAL), en Pilar, la vicepresidenta fue interpelada por la hija de un trabajador despedido de la empresa ILVA, que recientemente cerró su planta dejando a 300 personas sin empleo.
Ante el reclamo, Villarruel se desentendió de la situación y derivó la responsabilidad directamente al Poder Ejecutivo. “Las explicaciones las tiene que dar el Ejecutivo, que toma las decisiones. Yo interferiría en algo de lo cual no tengo la información suficiente”, respondió con evidente incomodidad, dejando claro que no se siente parte de la toma de decisiones del gobierno.
La planta de ILVA es una de las tantas industrias afectadas por la caída de la actividad económica y las políticas de apertura impulsadas por el oficialismo. En ese contexto, Villarruel había visitado días antes la empresa Fate, también ubicada en Pilar y golpeada por el ingreso masivo de neumáticos importados. Allí declaró su “apoyo a la industria nacional”, en un gesto que también fue leído como una crítica solapada al rumbo económico del Presidente.
Durante su paso por el campus de la USAL, donde disertó sobre “La política como servicio al bien común desde la vivencia personal”, la vicepresidenta volvió a marcar los límites de su rol: “Escucho los reclamos de los trabajadores, pero mi función es legislativa, entonces tampoco puedo decidir sobre eso porque no depende de mí”, insistió frente a los presentes.
El episodio volvió a reflejar el tironeo interno dentro de La Libertad Avanza, donde Villarruel se muestra cada vez más enfocada en construir una figura propia, alejada de las decisiones más controvertidas del Ejecutivo. La vicepresidenta, incluso, manifestó su molestia por haber sido filmada durante la recorrida, una señal más del malestar que genera el desgaste político en medio de la crisis.
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