Tras la denuncia de vecinos, la Justicia acorrala a Sujarchuk por el proyecto del bingo en Escobar

La Jueza Mónica Ayerbe, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Zárate-Campana, intimó formalmente al municipio bonaerense de Escobar, que gobierna el intendente Ariel Sujarchuk, y al Concejo Deliberante de la localidad a que den respuestas en torno al polémico proyecto sobre la construcción de un casino, hotel y centro comercial en Ingeniero Maschwitz.

Esta decisión judicial responde a una demanda presentada por un grupo de vecinos que alegan graves ilegalidades en la aprobación de la Ordenanza N° 6350/2024.

La resolución de la magistrada es clara y contundente, exigiendo transparencia y el cumplimiento de normativas clave:

Informes y Estudios Urgentes: La jueza solicitó la presentación de informes y estudios detallados y urgentes sobre la zonificación, el impacto ambiental y los mecanismos de participación ciudadana relacionados con el proyecto.

Documentación Completa: Se demandó la entrega de la documentación completa referente a la Ordenanza N° 6350/24 y el plan integral del casino.

Advertencia Clave: La jueza Ayerbe fue explícita al advertir que, en caso de no recibir una respuesta adecuada y en tiempo, se tomarán por ciertos los hechos denunciados por los vecinos, lo que podría tener serias implicaciones para la continuidad del proyecto.

Los vecinos demandantes han sostenido desde un principio que la aprobación de la Ordenanza 6350/2024 se realizó de manera irregular, en lo que califican como “tiempo récord”. Su principal argumento es que esta normativa, que habilitaría un emprendimiento de tal magnitud en una zona clasificada como residencial, ignoró procesos legales fundamentales.

“Entendemos que el fallo de la Sra. jueza Ayerbe respetó la legalidad”, informaron los demandantes, destacando que el Concejo Deliberante “aprobó la ordenanza N° 6350/24 sin dar cumplimiento a los procesos de ordenamiento del territorio y de evaluación de impacto ambiental ‘de forma previa’ a su sometimiento a votación”.

Y completaron: “Esto implica la omisión de estudios «múltiples (ambientales, urbanísticos, territoriales, viales, etc.)» y, crucialmente, la falta de “instancias de participación ciudadana institucionalizada -audiencias o consultas públicas-, exigidos por la Ley General del Ambiente (N° 25.675) y la ley 8912/77 (Decreto-Ley de Ordenamiento de Territorio)”.

Esta grave omisión en el cumplimiento de las leyes ambientales y de ordenamiento territorial es el eje central de la impugnación judicial.

Un debate tumultuoso

“Recordamos que conforme los acontecimientos durante el tratamiento legislativo una sola edil, la concejal Gabriela Hernández de Proyecto Escobar, no quiso ser cómplice y se levantó de la sesión, el resto votó la aprobación del proyecto de ordenanza”, señalaron los demandantes.

La concejal Hernández fundamentó su decisión en diversas objeciones: “Por la falta de evaluación ambiental, parcelas afectadas al proyecto están zonificadas para fines residenciales y no comerciales, tratamiento exprés entre Navidad y Año Nuevo, localización a 50 metros de un centro de adicciones, entre otros”. Estos puntos resaltan las preocupaciones sobre la idoneidad del terreno y el impacto social del establecimiento.

La preocupación no se limitó al ámbito político. Diversas instituciones de la sociedad civil han manifestado su profunda inquietud.

El Colegio Dover, emitió un mensaje previo a la votación dirigido a las familias: “Realmente estamos muy preocupados ante la posibilidad de la concreción de este proyecto, por el impacto negativo que tendría a todo nivel en el lugar que elegimos para vivir”.

“Las familias que tienen hijos en el nivel secundario saben que este año hemos realizado distintas actividades con nuestros alumnos y sus familias ya que la ludopatía se ha convertido en un flagelo en crecimiento dentro de nuestra sociedad (…)'”, señaló la institución.

Este testimonio pone de manifiesto el temor a las consecuencias sociales que un emprendimiento de estas características podría generar en una comunidad familiar y educativa.

Más de 20 instituciones intermedias y organizaciones civiles se han sumado al repudio y la disconformidad con el proyecto del salón de bingo en Escobar.

La lista de entidades que han manifestado su oposición incluye a la Asociación Ambientalista Los Talares (Maschwitz); Asociación Amigos de la Reserva (Maschwitz); Asociación Ambientalista del Partido de Escobar; Asociación Civil Germinar; Loma Verde, te queremos verde; Red de Organizaciones y Vecinos del Río Luján; Red Arbolar; Red Arbolar Escobar; Vecinos Autoconvocados de Loma Verde; Red de Seguridad Ruta 26; Asociación Vecinos Ruta 26.

También el Foro de Maschwitz; Protectores de Maschwitz; Barrios cerrados de Ruta 26; Comisión Vecinal de Acacias Blancas; Asociación Barrio Los Naranjos; Asociación Barrio Los Ñanduces; Comisión Green Hills; Asamblea Socio Ambiental de Campana; Organización de Ambientalistas Autoconvocados; Vecinos Autoconvocados por la Cárcel y Maschwitz Histórico. Esta amplia coalición de voces ciudadanas subraya la fuerte resistencia de la comunidad al emplazamiento del proyecto.

El fallo de la jueza Ayerbe marca un punto de inflexión en este conflicto, al validar las preocupaciones de los vecinos y exigir al Municipio las explicaciones y documentación que hasta ahora se consideraban insuficientes o ausentes.

Frente a la decisión judicial, resta esperar la respuesta del intendente Sujarchuk, mientras crece la polémica por la construcción del casino, hotel y centro comercial en Escobar.