30 ene 2017
En un breve comunicado difundido esta tarde luego de recibir duras críticas de organismos de derechos humanos y dirigentes de la oposición y del propio oficialismo , el ex militar, Juan José Gómez Centurión -que participó de los alzamientos carapintadas de 1987 durante el gobierno de Raúl Alfonsín- señaló: "Frente a declaraciones vertidas por mi persona en un programa periodístico, debo aclarar: 'Ofrezco una sincera disculpa a cualquier persona que pudiera haberse sentido ofendida por lo expresado o las interpretaciones derivadas de ellas".
En ese marco, Gómez Centurión añadió: “Estas opiniones son de carácter absolutamente personal y no implica en forma alguna la forma de pensar del Gobierno ni de su equipo como tal", con lo que buscó despegar al gobierno de sus dichos pero no se retractó. En declaraciones pronunciadas a América TV, el director general de la Aduana consideró el pasado domingo, que la última dictadura militar no consistió en un "plan sistemático para hacer desaparecer" personas sino un "torpísimo golpe de Estado" y relativizó el número de desaparecidos, al advertir que "no es lo mismo ocho mil verdades que 22 mil mentiras".
El funcionario señaló que el golpe de Estado iniciado en 1976 fue una "reacción absolutamente desmedida, combatiendo un plan de toma del poder", por lo que advirtió que "estamos transmitiendo a una generación con consignas, enseñemos historia".
Además, Gómez Centurión relativizó el número de 30 mil desaparecidos, al plantear que "ocho mil personas muertas, desde el punto de vista social, es espantoso, pero desde el punto de vista histórico, no es lo mismo ocho mil verdades que 22 mil mentiras". "Condeno todos los golpes, como condeno el proyecto del terrorismo de tomar el poder y generar un golpe de Estado", aclaró.
Las escandalosas declaraciones de Gómez Centurión generaron duros rechazos también de sectores del radicalismo aliado al gobierno. El ex militar y veterano de la guerra de Malvinas, participó de los alzamientos militares conocidos como Semana Santa en abril de 1987 y Monte Caseros en enero de 1988, que durante el gobierno del radical Raúl Alfonsín reclamaban el fin de los juicios por delitos de lesa humanidad que alcanzaban a los militares de bajo rango, proceso que derivó en la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
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