El Gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó la Ley 15.688, que autoriza a los municipios a destinar hasta el 100% de los fondos del Impuesto Inmobiliario Rural asignados a la red vial a la realización de obras hídricas. La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, apunta a reforzar la prevención ante los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.
La normativa habilita a los intendentes a utilizar esos recursos para ejecutar trabajos de drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas y construcción de defensas. También contempla la compra de equipamiento hídrico, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta de los distritos frente a posibles anegamientos e inundaciones.
La autorización tendrá carácter excepcional y estará vigente durante 180 días corridos desde la publicación de la ley, por lo que se extenderá hasta los primeros días de mayo de 2027. La iniciativa fue impulsada por el senador de Unión y Libertad, Sergio Vargas, quien buscó ampliar las herramientas de los gobiernos locales para atender las necesidades de infraestructura hídrica.

Hasta ahora, la distribución del Inmobiliario Rural contempla un 65% para el Ejecutivo provincial, un 12% para el Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, un 3% para programas sociales y saneamiento ambiental y el 20% restante para los municipios, en concepto de retribución por administrar el tributo.
Sin embargo, la nueva legislación no obliga a los intendentes a modificar el destino de esos recursos, sino que les otorga la facultad de decidir según las necesidades de cada distrito. De esta manera, podrán priorizar las obras hídricas o conservar los fondos para reparar y mantener los caminos rurales, varios de ellos afectados por las condiciones climáticas de los últimos meses.