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27/10/2026 - Edición Nº3680
Provincia
Para noviembre
En medio de la crisis por inseguridad, Alonso solicitó una licitación millonaria para una plataforma de investigación digital
12:22 | En medio de cuestionamientos por las estadísticas de seguridad, la cartera provincial convocó a una licitación privada para contratar un servicio de geolocalización e investigación digital.
La polémica por las estadísticas del delito en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo. En medio de los cuestionamientos de La Libertad Avanza (LLA) al Gobierno de Axel Kicillof, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Javier Alonso, lanzó una licitación privada por $362.400.000 para contratar una plataforma integral de geolocalización e investigación digital. La apertura de ofertas está prevista para el 6 de noviembre.
La contratación quedó formalizada a través de la Licitación Privada N° 9/2026, registrada en el sistema Provincia de Buenos Aires Compras (PBAC) bajo el número 170-1032-LPR26. El objetivo es adquirir una suscripción a un servicio tecnológico destinado a tareas de geolocalización e investigación digital. Sin embargo, la convocatoria no detalla por sí sola las funcionalidades específicas ni los usos concretos que tendrá la herramienta.
El llamado se conoció luego de que legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza presentaran un pedido de informes para conocer cómo se elaboran las estadísticas criminales y qué tratamiento reciben las denuncias realizadas mediante la plataforma digital Mi Seguridad. La iniciativa, impulsada por el titular del bloque libertario en el Senado, Carlos Curestis, pone el foco en los registros que todavía permanecen bajo la categoría de “tipificación provisoria”.
Según los datos señalados por la oposición, durante 2025 hubo 122.867 casos en esa condición, de los cuales 103.085 habían sido denunciados inicialmente como robos o hurtos. A partir de esas cifras, los libertarios estimaron que la incorporación de esas causas al cómputo habitual podría haber incrementado hasta un 36% los números publicados sobre delitos contra la propiedad. Se trata de una proyección opositora, no de una conclusión oficial.
El pedido de informes también exige precisiones sobre las denuncias ratificadas, aquellas que todavía no cuentan con una tipificación penal asignada y los mecanismos de auditoría utilizados para seguir la evolución de cada caso. La discusión apunta a determinar de qué manera se procesan los datos ingresados al sistema y qué criterios aplica la Provincia para elaborar los indicadores que permiten medir la evolución de la inseguridad.
En paralelo, Alonso cuestionó días atrás las estadísticas nacionales sobre delitos en los municipios del Conurbano y sostuvo que la Provincia no respaldaba ese relevamiento. En su lugar, defendió el uso de los registros de la Procuración General bonaerense, organizados por departamento judicial, como referencia para analizar el comportamiento criminal. Las diferencias entre ambas metodologías profundizaron el cruce político por la confiabilidad de los números.
En ese contexto, la nueva contratación tecnológica abre interrogantes sobre las herramientas que busca incorporar la cartera de Seguridad para sus investigaciones. Si bien el servicio contempla geolocalización e investigación digital, la información de la convocatoria no permite afirmar que vaya a utilizarse para elaborar las estadísticas del delito. El alcance de la plataforma, sus condiciones de uso y los controles previstos deberán surgir de la documentación correspondiente.
Con un presupuesto de $362,4 millones y la apertura de ofertas programada para el 6 de noviembre, la licitación sumará un nuevo tema a la agenda del Ministerio de Seguridad bonaerense. Mientras el oficialismo y la oposición mantienen sus diferencias sobre cómo medir la criminalidad, la contratación pone en discusión qué tecnología incorporará la Provincia, cuáles serán sus prestaciones y bajo qué condiciones se utilizará.
