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27/10/2026 - Edición Nº3680
Provincia
Riesgo rural
Por las inundaciones, declararon emergencia agropecuaria en 9 de Julio y en parte de Necochea
10:42 | La medida alcanza a las explotaciones afectadas por las inundaciones en ambos distritos bonaerenses y rige del 1 de mayo al 31 de octubre de 2026.
El Gobierno nacional homologó la emergencia agropecuaria por inundaciones en el partido bonaerense de 9 de Julio y en cuatro circunscripciones de Necochea. La medida, vigente entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2026, reconoce los daños que afectan a las explotaciones rurales y habilita el acceso a herramientas de asistencia previstas por la legislación nacional.
El alcance de la resolución varía según el distrito. En 9 de Julio, la declaración comprende a las explotaciones afectadas de todo el partido, mientras que en Necochea se limita a las circunscripciones II, III, IV y XII. Por eso, no todos los establecimientos del segundo municipio quedan incluidos en el régimen de emergencia.
La homologación nacional tiene como antecedente el Decreto provincial 1270/2026, fechado el 31 de agosto, que había declarado la emergencia para las mismas zonas y durante el mismo período. La publicación de la medida nacional se conoció a cinco días de finalizar la vigencia establecida, aunque sus efectos abarcan los meses transcurridos desde mayo.
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Para solicitar los beneficios, los productores deberán contar con un certificado de emergencia agropecuaria emitido por la autoridad bonaerense competente. El documento debe acreditar que el campo o la explotación cumple con las condiciones previstas en el artículo 8 de la Ley 26.509 y sus modificatorias. Estar dentro de la zona alcanzada no garantiza, por sí solo, el acceso a la asistencia.
Además, el Gobierno provincial tendrá que enviar a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores afectados, junto con copias de los certificados correspondientes. Ese procedimiento permitirá identificar a los establecimientos que reúnen los requisitos para recibir los beneficios contemplados en la normativa vigente.
La resolución también involucra a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a las entidades bancarias nacionales, oficiales o mixtas, que deberán instrumentar los mecanismos necesarios para aplicar las medidas previstas en los artículos 22 y 23 de la Ley 26.509. El régimen contempla herramientas de alivio impositivo y asistencia crediticia para los productores que acrediten su situación.
