La gestión del intendente Lucas Ghi al frente del Municipio de Morón, provincia de Buenos Aires, fue denunciada ante el Honorable Tribunal de Cuentas bonaerense por la presunta omisión de información clave en el Boletín Oficial.
La denuncia, presentada por Francisco Mones Ruiz, exconcejal y referente de la Coalición Cívica, está fechada el 7 de octubre y registrada bajo el número 19606-2026. El escrito fue dirigido al presidente del organismo provincial, Federico Gastón Thea, cuya sede se encuentra en La Plata.
El texto apunta al Departamento Ejecutivo de Morón y a los funcionarios responsables de confeccionar y difundir el Boletín Oficial, particularmente a las áreas de Legal y Técnica y Asuntos Técnicos. Según Mones Ruiz, la administración municipal incumple obligaciones establecidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades y la Ordenanza 4492/02.


El relevamiento de la Coalición Cívica abarcó 18 ediciones del Boletín Oficial publicadas durante 2026. En 12 de ellas identificó 30 actos administrativos cuyos anexos fueron omitidos bajo la explicación de que debían solicitarse por separado, debido a supuestas “razones de espacio”.
De ese total, 23 corresponden a cuestiones vinculadas con presupuesto, gastos, contrataciones o personal municipal, es decir, información necesaria para conocer cómo se administran los recursos públicos.

Entre los documentos faltantes figuran las planillas del Presupuesto 2026, aprobado por más de $279.377 millones, y el detalle de una modificación presupuestaria cercana a los $3.900 millones. También aparecen los montos de las cajas chicas de las dependencias municipales, beneficiarios de subsidios, escalas salariales, designaciones de personal, cuadros tarifarios y la reglamentación de la Policía Municipal.
“El Boletín Oficial se publica en formato digital. No hay ninguna razón de espacio: hay una decisión de que los vecinos no sepan en qué se gasta su plata”, afirmó Mones Ruiz. El dirigente también cuestionó que el Municipio haya difundido boletines de más de cien páginas con las ordenanzas fiscal e impositiva, pero no los anexos de otras decisiones administrativas.
Uno de los puntos bajo la lupa es la publicación de los cuadros tarifarios correspondientes a tres aumentos del 5% en las tasas municipales, previstos para marzo, mayo y julio de 2026. La denuncia identifica las resoluciones 017/2026, 031/2026 y 058/2026 de la Secretaría de Economía y Finanzas, que informaron las actualizaciones sin incorporar los anexos con los valores resultantes.

De acuerdo con Mones Ruiz, esto impide que los vecinos conozcan a través del Boletín Oficial cuánto deben pagar por los tributos municipales.
Otro caso señalado es el de la Policía Municipal de Morón, creada mediante el Decreto 1519/2026. Según la presentación, el Ejecutivo publicó la creación del programa, pero omitió el anexo que contiene su reglamentación, donde se establecen aspectos vinculados con la organización, el ingreso del personal, el uso de la fuerza y la aprehensión de personas.
El planteo cobra especial relevancia porque el propio decreto dispone que el programa entra en vigencia desde su publicación, mientras que las reglas que deberían regular su funcionamiento no fueron difundidas íntegramente por esa vía.


La presentación incorpora otro cuestionamiento: de los 1.638 decretos incluidos en los primeros 15 boletines ordinarios de 2026, un total de 1.020 (el 62%) fueron publicados únicamente en forma sintetizada.
Según la denuncia, esas versiones omiten los fundamentos, los expedientes administrativos y las firmas de los funcionarios, lo que dificulta conocer los motivos y las responsabilidades detrás de cada decisión gubernamental.

Mones Ruiz, quien fue concejal entre 2021 y 2025, integró el bloque Juntos y se desempeñó como secretario de Derechos Humanos durante la gestión de Ramiro Tagliaferro (PRO), sostiene que los problemas de acceso a la información no son nuevos.
Durante su paso por el Concejo Deliberante impulsó distintos reclamos y, en 2024, acudió al Tribunal de Cuentas cuando el Municipio acumulaba diez quincenas sin publicar el Boletín Oficial. “Los vecinos tienen derecho a saber quiénes son los titulares de las cajas chicas y por qué montos, o cuántos miles de millones de pesos se reimputan de un año a otro”, sostuvo.

En su presentación, la Coalición Cívica solicita que el Tribunal de Cuentas verifique los incumplimientos, requiera los anexos omitidos y los decretos de reafectación presupuestaria de los últimos años, e intime al Ejecutivo a garantizar su publicación completa y su disponibilidad en espacios públicos.
También pide que se determinen las responsabilidades de los funcionarios involucrados y se apliquen sanciones de ser correspondiente.
Así, una nueva polémica salpica a la gestión que lidera Ghi y crecen las chances de que el Tribunal de Cuentas provincial aplique sanciones al Ejecutivo moronense si identifica obstrucciones en el acceso a la información pública.