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14/10/2026 - Edición Nº3667
Nacion
Castigo monetario
Multa diaria y en pesos: la sanción que recae en Santilli por el incumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario
16:14 | Con el fin de forzar al Gobierno a ejecutar los fondos para las instituciones educativas, la Justicia sancionó al Gobierno nacional, tras un reclamo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La polémica que protagoniza el Gobierno nacional del presidente Javier Milei por su decisión de no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario tuvo una reacción en la Justicia luego de que el juez federal, Martín Cormick, resolvió aplicar una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento.
El magistrado, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, consideró que el Poder Ejecutivo no acreditó de manera suficiente haber cumplido con lo dispuesto en la medida cautelar. La resolución busca forzar al Gobierno a ejecutar una obligación que ya fue ratificada por instancias judiciales superiores.
La orden judicial surgió de un reclamo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y establece que el Estado debe recomponer los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas, además de actualizar las becas destinadas a estudiantes.
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Pese a la documentación presentada por el Ejecutivo para justificar su actuación, Cormick entendió que las pruebas no alcanzaban para demostrar el cumplimiento efectivo de la medida. Por ese motivo, decidió avanzar con una sanción económica contra el funcionario responsable de la Jefatura de Gabinete.
La decisión vuelve a poner bajo presión a la administración libertaria, que enfrenta un conflicto sostenido con el sistema universitario por el financiamiento de las instituciones públicas y la pérdida de poder adquisitivo de sus trabajadores.
El juez atribuyó la responsabilidad a Santilli por su condición de jefe de Gabinete, cargo que contempla funciones vinculadas con la administración general del país y la ejecución presupuestaria. La sanción apunta, de ese modo, al funcionario al que la resolución identifica como responsable de garantizar el cumplimiento de la orden judicial.
Los $100.000 diarios corresponden a las denominadas astreintes: sanciones económicas que los tribunales pueden imponer para presionar a una persona o autoridad a cumplir una obligación dentro del plazo establecido.
No se trata de una multa única, sino de un monto que se acumula por cada jornada en la que persista el incumplimiento. Su objetivo es que el costo económico de desobedecer la resolución impulse al funcionario a concretar lo ordenado por la Justicia.
Cormick advirtió que la penalidad fijada corresponde a una primera instancia y que el tribunal cuenta con herramientas para endurecer las medidas si el Ejecutivo continúa sin acatar la cautelar.
Las demás opciones que tiene la Justicia para aumentar la presión a Nación son elevar el monto diario y también extender la responsabilidad económica, de manera solidaria, a otros funcionarios de las áreas de Educación y Hacienda.
