El diputado bonaerense Francisco Adorni aseguró que cometió un error en su declaración jurada de 2024 al consignar una deuda de $130 millones cuando, según su nueva explicación, eran $13 millones, una aclaración que presentó ante el juez Daniel Rafecas en la causa que investiga su patrimonio.
Adorni, integrante de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense y representante de La Plata, sostuvo que se trató de un error material que terminó generando una interpretación equivocada por parte del fiscal Guillermo Marijuan. El legislador, que además es contador, busca así explicar una de las inconsistencias que aparecen en sus declaraciones patrimoniales.
La diferencia no es menor: en la declaración jurada de 2024 figuraba una deuda inicial de $130 millones y otra de $60 millones al cierre del período. A partir de esos números, la Fiscalía interpretó que Adorni había reducido su deuda en unos $70 millones sin una explicación patrimonial suficiente. Ahora, el diputado afirma que el primer monto debía ser de $13 millones.


El planteo llegó mientras la Justicia continúa avanzando sobre la evolución patrimonial del legislador platense. En junio, Marijuan había pedido que Adorni fuera citado a indagatoria por presuntas inconsistencias y solicitó a la Oficina Anticorrupción su última declaración jurada. Posteriormente, Rafecas ordenó nuevas medidas de prueba sobre sus bienes, cuentas y presentaciones patrimoniales.
La causa también había quedado atravesada por otras rectificaciones. Adorni modificó datos vinculados con una propiedad en City Bell y agregó una herencia de $21 millones que no había informado originalmente. En una corrección posterior, además, redujo la valuación declarada de su participación en esa vivienda, de $67,5 millones a $52,6 millones.
Ahora, el juez Rafecas deberá evaluar la explicación presentada por el diputado bonaerense y determinar si corresponde avanzar con la indagatoria solicitada por el fiscal. Mientras tanto, la investigación continúa reconstruyendo el patrimonio de Adorni durante su paso por la función pública y busca determinar si las diferencias detectadas responden a errores de declaración o a posibles omisiones relevantes.