“El otro Adorni” contra las cuerdas: la Justicia avanza sobre más inconsistencias en su patrimonio

La investigación judicial contra Francisco Adorni sumó en las últimas horas nuevas medidas impulsadas por el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien ordenó un procedimiento en el Ministerio de Defensa para recolectar documentación vinculada a los cargos que ocupó el dirigente libertario y los ingresos que percibió durante su paso por esa cartera nacional.

El operativo judicial incluyó la recopilación de legajos personales, registros salariales, documentación administrativa y detalles sobre las funciones desempeñadas por Adorni dentro del ministerio encabezado por Luis Petri. La fiscalía busca reconstruir la evolución patrimonial del legislador y determinar si sus bienes se corresponden con sus ingresos declarados.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien cuestionó el crecimiento patrimonial del referente bonaerense de La Libertad Avanza. La presentación puso el foco en la diferencia entre los ingresos informados oficialmente y el patrimonio declarado en los últimos años por el dirigente libertario.

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En paralelo, la fiscalía avanzó con pedidos de información ante distintos organismos públicos y entidades financieras. Entre las medidas ordenadas figuran requerimientos bancarios, fiscales y patrimoniales para analizar movimientos de cuentas, compras de bienes y la evolución de las declaraciones juradas presentadas por el diputado.

Según los datos incorporados al expediente, Francisco Adorni declaró durante 2025 un patrimonio superior a los 80 millones de pesos. Entre los bienes consignados aparecen inmuebles, vehículos, dinero en efectivo y ahorros. La Justicia intenta establecer ahora si esos activos pueden justificarse con los salarios obtenidos en la función pública.

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Mientras la investigación avanza, la defensa del legislador presentó un escrito ante la Justicia para rectificar la declaración jurada original. Su abogado, Marcelo Peña, sostuvo que existieron “errores materiales” y una “omisión” en la presentación inicial. Además, aseguró que el patrimonio cuestionado proviene de ahorros previos e ingresos familiares y afirmó que la causa “va a ser desestimada”.