Con cifras en la mesa: el Gobierno de Kicillof repudió el proyecto libertario para cobrar la educación y la salud a extranjeros

Los ministros de Gobierno, Carlos Bianco y de Salud, Nicolás Kreplak, aprovecharon la conferencia de prensa del Gobierno bonaerense realizada hoy por la mañana, para manifestar su rechazo al proyecto del diputado provincial de La Libertad Avanza, Agustín Romo, para arancelar la salud y la educación pública a extranjeros.

En este sentido, Bianco sostuvo que se trata de una propuesta que retoma una vieja intención de la derecha argentina de avanzar sobre el arancelamiento de la salud y la educación pública.

“Aprovecharon la campaña antiargentina que se generó tras la final del Mundial 2026 y colaron este proyecto que busca aplicar una represalia a los extranjeros bajo el argumento de ‘recaudar fondos para priorizar las necesidades de los bonaerenses’, y de que nuestros recursos son ‘limitados‘”, analizó el funcionario de Axel Kicillof respecto del contexto en el que ingresó el escrito a la Legislatura.

La propuesta que Romo impulsó la semana pasada establece un régimen de arancelamiento para las prestaciones sanitarias brindadas en hospitales públicos provinciales y para las carreras de grado en universidades de gestión estatal destinadas a extranjeros con residencia temporaria o transitoria.

Además, prevé que el Ministerio de Salud adecue un nomenclador arancelario para cobrar esas prestaciones, mientras que las casas de estudio deberían definir los valores de las retribuciones correspondientes, aunque mantiene la atención obligatoria en casos de emergencia.

En tanto, Bianco desestimó la idea de que el proyecto de Romo represente algún tipo de solución financiera para el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y recordó el recorte de recursos que la gestión de Javier Milei le propinó al Ejecutivo de Kicillof.

“Le digo a esos diputados de La Libertad Avanza que el Gobierno nacional le robó a la Provincia $26,7 billones. Ahí tiene que estar puesta la prioridad, y ese es el grueso de los recursos que nos faltan para cubrir las necesidades de los bonaerenses“, disparó el Ministro.

Asimismo, el funcionario relativizó el impacto económico que tendría el arancelamiento a las universidades al mencionar la escasa cantidad de estudiantes extranjeros que ingresan a las universidades provinciales.

Según detalló, entre la Universidad Provincial de Ezeiza y la Universidad Provincial del Sudoeste existen 61.666 alumnos, de los cuales 1.172 son extranjeros con y sin residencia permanente, lo que representa el 1,90% de la matrícula.

En el tramo final de su discurso, Bianco señaló que, para el gobierno de Kicillof, tanto la salud como la educación universitaria son un derecho inalienable para todas las personas que residan en territorio argentino.

“Me parece que es mucho más eficiente que Milei devuelva los $26,7 billones que le robó a la provincia de Buenos Aires, antes que cobrarle un arancel a unas 500 o 600 personas con toda la furia”, sostuvo el funcionario bonaerense.

Por su parte, Kreplak aseguró que la propuesta busca desviar la atención del ajuste aplicado por el Gobierno nacional sobre el sistema sanitario.

“Lo que impide garantizar el derecho a la salud de la mejor manera posible es el ajuste deliberado que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno nacional están haciendo sobre el bienestar de toda Argentina, y para esconder las consecuencias del ajuste intentan echarle la culpa a un chivo expiatorio que nada tiene que ver con el financiamiento del sistema sanitario, que son los extranjeros”, afirmó el ministro.

En esa línea, el titular de la cartera sanitaria calificó la iniciativa de La Libertad Avanza como una “estrategia recurrente de la derecha” para instalar un debate sobre un problema que, según remarcó, no tiene incidencia real en el funcionamiento del sistema sanitario.

“Esta idea aparece cada tanto en la Argentina, la vimos en el 2024 y durante el gobierno de Mauricio Macri. Coincide con tiempos en los que se despiertan los más bajos y crueles instintos de personas que en su vida tuvieron la responsabilidad de salvar una vida”, expresó Kreplak,.

“Los diputados que firmaron el proyecto no tienen la menor idea de lo que significa tener en sus manos a un niñito que puede estar por morirse. Y si en esa situación, donde corre riesgo la vida de un ser humano, la primera pregunta que se les ocurre hacer es dónde nació o cuál es su DNI, y no qué le sucedió, cuál es su historia y cómo le salvamos la vida. No entienden cómo funciona ser un profesional de la salud”, remarcó el médico bonaerense.

En otro pasaje de su exposición, Kreplak recordó que el derecho a migrar se encuentra reconocido por la legislación argentina y por normas internacionales, y que, así cómo otros países reciben a coterráneos para vivir y trabajar en sus tierras, Argentina abre sus puertas a personas de otros países del mundo que quieran residir aquí, no de cualquier manera, sino bajo un marco legal transnacional que lo reconoce.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires expuso las estadísticas que tiene la cartera para sostener que la utilización del sistema público por parte de extranjeros no residentes es mínima.

Según las palabras de Kreplak, la atención a inmigrantes representa el 0,16% de las consultas ambulatorias, el 0,18% de las atenciones de guardia, el 0,54% de las internaciones y apenas el 0,2% de las vacunas aplicadas, un número menor a la cantidad de dosis que el sistema nacional pierde por el corte de la cadena de frío.

Finalmente, el funcionario puntualizó: “El sistema que realmente está desfinanciado es el de las obras sociales y el PAMI, que ocupan el 53% de las camas de los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, y tanto los legisladores de La Libertad Avanza como el Gobierno nacional intentan esconder ese ajuste buscando un enemigo que no tiene ninguna responsabilidad en el financiamiento del sistema de salud, como son los extranjeros”.

Con esto, se abre un nuevo frente de guerra entre las administraciones provincial y nacional, a partir de un polémico proyecto que pone en debate el acceso a la salud y la educación pública.