El diputado bonaerense Agustín Romo presentó en la Legislatura provincial un proyecto que propone cobrar la atención en hospitales públicos y los estudios de grado en universidades de gestión estatal a los extranjeros que no acrediten residencia permanente. La iniciativa, respaldada por legisladores de La Libertad Avanza y el PRO, busca modificar el acceso gratuito a ambos servicios y ya abrió una nueva polémica política en la Provincia.
El proyecto establece que los extranjeros sin residencia permanente deberán afrontar el costo de las prestaciones sanitarias que reciban, ya sea mediante un seguro, la cobertura de un tercero o el pago directo. La propuesta contempla que el recupero de esos fondos se canalice a través del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), con el objetivo de reforzar el financiamiento del sistema sanitario bonaerense.
Este proyecto se da en un contexto de una fuerte campaña "anti-Argentina" particularmente en redes sociales tras la finalización del Mundial 2026, en donde varios referentes culturales estadounidenses se manifestaron en contra de Argentina al afirmar que se trata "del país más racista del Mundo". Uno de ellos fue Samuel Jackson, actor afrodescendiente que interpreta a Mace Windu en Star Wars.

En materia educativa, el texto apunta a las universidades provinciales de gestión estatal y propone que cobren una retribución a los estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente. Serían las propias instituciones las encargadas de establecer los montos, las formas de pago y los mecanismos de actualización, de acuerdo con el marco que eventualmente establezca la ley.

El alcance de la iniciativa, sin embargo, tiene una particularidad que puede convertirse en uno de los principales puntos de debate: el proyecto provincial no alcanzaría a universidades nacionales como la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), ya que esas instituciones dependen de la jurisdicción federal. En territorio bonaerense, el esquema impactaría sobre las casas de estudios que tengan carácter provincial.
La propuesta de Romo llega, además, en un escenario nacional donde el gobierno de Javier Milei ya avanzó en 2025 con modificaciones a las reglas sobre el acceso de extranjeros a la salud pública y la educación superior. El Decreto 366/2025 habilitó a las universidades estatales a establecer aranceles para quienes no cuenten con residencia permanente, mientras que fijó un esquema diferenciado para la atención sanitaria habitual de extranjeros, aunque mantuvo la obligación de garantizar las emergencias.


Ese antecedente le da al proyecto bonaerense un marco político particular. La Ley de Migraciones, tras los cambios introducidos por el decreto, mantiene el acceso igualitario de los inmigrantes a derechos y servicios según su categoría migratoria, mientras que para la salud establece que las emergencias no pueden ser restringidas y diferencia el acceso de los residentes permanentes.
En el plano político, la iniciativa cosechó el acompañamiento de buena parte de la bancada libertaria y también de Alejandro Rabinovich, presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados bonaerense. Desde esos espacios sostienen que los recursos provinciales deben priorizar a quienes contribuyen de manera permanente al sostenimiento del Estado y plantean que lo recaudado podría volcarse a hospitales, medicamentos, equipamiento e infraestructura.
Romo, por su parte, eligió un discurso de fuerte confrontación para defender la iniciativa y vinculó su presentación con las críticas que circularon por redes sociales contra la Argentina tras la final del Mundial 2026, principalmente acusando a los argentinos de "racistas" por no tener jugadores afrodescendientes en su plantel. Con el proyecto ahora en la Legislatura, el debate promete escalar: mientras sus impulsores lo presentan como una discusión sobre el uso de los recursos públicos, sus detractores cuestionarán el criterio de acceso según la condición migratoria y el alcance que pueda tener la medida sobre los derechos de los extranjeros en la Provincia.