08:35 | Obras públicas
24/07/2026 - Edición Nº3585
Legislatura
Pedido de explicaciones
Licencias de conducir para profesionales: la UCR bonaerense pone la lupa sobre el fuerte tarifazo de Kicillof
09:26 | El bloque de la UCR + Cambio Federal, encabezado por Diego Garciarena, pidió explicaciones al Ejecutivo bonaerense por el salto en el costo de los trámites, que en algunos casos pasó de $20 mil a $250 mil. El legislador cuestionó el impacto sobre camioneros, colectiveros y transportistas.
El fuerte aumento en el costo de las licencias profesionales abrió un nuevo frente político en la Legislatura bonaerense: el presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, presentó el jueves un pedido de informes al gobierno de Axel Kicillof para conocer por qué el trámite puede llegar a los $250.000 y cómo se compone ese valor. La iniciativa apunta a determinar el impacto sobre camioneros, colectiveros, choferes de ambulancias y transportistas que incluyen taxis y remises.
El reclamo opositor se da luego de la implementación del nuevo esquema para conductores profesionales, que comenzó a regir en la Provincia a partir del 6 de julio. Según planteó Garciarena, el costo total del trámite habría pasado de unos $20.000 a valores que, dependiendo del caso, alcanzan los $250.000, lo que representa un incremento que el legislador calificó como desmedido.
En ese escenario, el radical marplatense puso el foco en la incidencia que el nuevo cuadro tarifario puede tener sobre quienes dependen de la licencia para trabajar. Desde su mirada, el salto en los valores podría convertirse en una barrera de acceso para trabajadores independientes y pequeñas unidades familiares vinculadas al transporte, especialmente en un contexto económico donde los costos operativos del sector ya se encuentran bajo presión.
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El pedido de informes busca poner blanco sobre negro en la conformación de los aranceles. Garciarena pretende que el Ejecutivo de Kicillof detalle cuánto corresponde a tasas nacionales, provinciales y municipales y qué parte responde a los servicios prestados por entidades privadas. También solicitó conocer quién controla esos valores y bajo qué criterios se establecen los montos que deben pagar los conductores.
La discusión tiene, además, una particularidad política: el gobierno bonaerense salió a despegarse de la definición de los nuevos costos. El Ministerio de Transporte, conducido por Martín Marinucci, aclaró que las condiciones del régimen profesional no fueron fijadas por la Provincia, sino que derivan de los cambios impulsados por Nación mediante el Decreto 196/2025 y la reglamentación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
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El nuevo sistema surgió de una modificación del régimen nacional que habilitó la participación de prestadores públicos y privados en distintas instancias de evaluación, mientras que la ANSV establece los requisitos y estándares que deben cumplir. En particular, la normativa contempla que los prestadores de capacitación puedan fijar libremente sus aranceles, aunque establece que deben respetar criterios de razonabilidad y proporcionalidad con el servicio brindado. Ese punto aparece como una de las claves del debate que ahora llegó a la Legislatura.
En paralelo, la polémica también generó movimientos dentro de la Cámara de Diputados bonaerense. El bloque de La Libertad Avanza impulsó una iniciativa para que los trámites vinculados con las licencias profesionales sean gratuitos para policías, bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil y trabajadores de los sistemas públicos de emergencias, sectores que necesitan estas habilitaciones para desarrollar sus tareas.
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Así, el aumento de las licencias profesionales sumó un nuevo capítulo a la disputa política entre oficialismo y oposición, con un interrogante que atraviesa el reclamo de Garciarena: quién debe responder por el fuerte incremento y si los nuevos costos guardan relación con las prestaciones que reciben los trabajadores. Mientras el Ejecutivo bonaerense apunta al cambio de reglas establecido por Nación, la oposición exige explicaciones y reclama medidas para evitar que renovar una licencia indispensable para trabajar se transforme en un gasto imposible de afrontar.
