Escándalo salarial en General Alvear: a la espera de la definición de la Suprema Corte

La disputa por los aumentos salariales en el municipio de General Alvear sumó este miércoles un nuevo capítulo cuando la Suprema Corte de Justicia bonaerense intervino en el conflicto entre el intendente radical Ramón “Tito� Capra y el Concejo Deliberante alvearense. El máximo tribunal provincial decidió suspender de manera provisoria las ordenanzas que frenaban las subas para la planta política mientras analiza el fondo de la controversia.

El origen de la polémica se remonta a marzo, cuando la administración municipal acordó una recomposición salarial del 10% para los trabajadores comunales, distribuida en cuatro tramos del 2,5%. La medida alcanzaba a todo el personal, incluidos los integrantes del Concejo Deliberante y las máximas autoridades del Ejecutivo local.

Sin embargo, tras aplicarse los primeros incrementos, una mayoría opositora integrada por concejales peronistas y representantes de fuerzas vecinales avanzó con una ordenanza para excluir de futuros aumentos al intendente, a los funcionarios políticos y a los propios ediles. La iniciativa también fijó límites a los salarios de distintos cargos jerárquicos de la estructura municipal.

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Desde la oposición justificaron la decisión argumentando que existía una marcada diferencia entre los ingresos de los funcionarios y los haberes percibidos por gran parte de los empleados municipales. Según plantearon, la medida buscaba priorizar recursos para mejorar la situación de los trabajadores con menores salarios.

Capra rechazó la iniciativa y la vetó al considerar que el Concejo había invadido facultades propias del Departamento Ejecutivo. No obstante, el cuerpo deliberativo insistió con la aprobación de la norma, profundizando una disputa institucional que terminó desembarcando en los tribunales provinciales.

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Ante ese escenario, el jefe comunal recurrió a la Suprema Corte bonaerense mediante un planteo por conflicto de poderes. En su presentación sostuvo que las ordenanzas afectaban la administración municipal y podían tener consecuencias sobre distintos sectores vinculados al funcionamiento económico del distrito.

Al analizar el expediente, el máximo tribunal provincial resolvió aplicar las facultades previstas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y dispuso la suspensión temporal de las ordenanzas cuestionadas. La medida tendrá vigencia hasta que exista una sentencia definitiva sobre la legalidad de las decisiones adoptadas por ambas partes.

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La resolución no implica una definición sobre el fondo del conflicto, pero representa un respaldo inicial al planteo del Ejecutivo municipal. A partir de ahora, el Concejo Deliberante deberá presentar formalmente sus argumentos para defender la validez de las normas que limitaron los aumentos para la planta política.

Mientras tanto, la controversia continúa generando repercusiones en General Alvear, un distrito de poco más de 12 mil habitantes donde el debate sobre los salarios públicos se convirtió en uno de los principales ejes de la agenda política local. La decisión final de la Suprema Corte será determinante para establecer los alcances de las atribuciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo municipal.