AySA: la Justicia puso un freno a la privatización y blindó obras en 26 municipios bonaerenses

La Justicia bonaerense resolvió poner un límite al proceso de privatización de AySA y ordenó que la empresa mantenga sin cambios la prestación del servicio, las inversiones y las obras de infraestructura en los 26 municipios donde opera en la provincia de Buenos Aires. La medida fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata a partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo provincial encabezada por Guido Lorenzino.

El fallo tiene carácter cautelar y establece una orden de no innovar, lo que implica que la compañía no podrá reducir compromisos vinculados a la expansión de redes, trabajos de saneamiento, mantenimiento ni controles sobre la calidad del agua mientras se analiza el fondo de la cuestión. La resolución busca evitar posibles perjuicios para los usuarios durante el avance del proceso de venta de la empresa.

La acción judicial surgió ante la preocupación de la Defensoría por los cambios regulatorios impulsados en el marco de la privatización. El organismo advirtió que la nueva estructura contractual podría derivar en una flexibilización de exigencias, una postergación de inversiones estratégicas y riesgos para la protección ambiental asociada a la gestión del recurso hídrico.

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La decisión judicial se produce pocas semanas después de que el Gobierno nacional autorizara la licitación pública nacional e internacional para transferir el 90% de las acciones de AySA a un operador estratégico privado. La convocatoria fue oficializada por el Ministerio de Economía mediante la Resolución 704/2026, en línea con el plan de privatizaciones impulsado por la administración de Javier Milei.

Según el esquema definido por Nación, la operación contempla la venta de la participación estatal mayoritaria de la compañía, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada. El cronograma prevé la recepción de ofertas durante los próximos meses para avanzar con la transferencia del control de la empresa.

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En este contexto, la cautelar representa un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro de AySA. Mientras el Gobierno sostiene que la incorporación de capital privado permitirá mejorar la eficiencia y las inversiones, la Justicia provincial decidió priorizar la preservación de un servicio considerado esencial y garantizar que no se alteren las obras y prestaciones previstas para millones de usuarios bonaerenses.