Caos y gritos por un polémico proyecto del intendente Lanús en el Concejo de San Isidro

Una fuerte polémica se desató en el Concejo Deliberante del Municipio de San Isidro, provincia de Buenos Aires, durante lo que fue el tratamiento del nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU), que se aprobó con 14 votos a favor, 10 en contra y 4 abstenciones. La sesión culminó con forcejeos entre vecinos y efectivos policiales en la puerta del recinto.

La reforma, impulsada por el intendente Ramón Lanús, modifica las reglas de construcción en Villa Adelina, Boulogne y la franja costera, y reduce el tamaño mínimo de los monoambientes de 55 a 35 metros cuadrados en determinados sectores.

Decenas de manifestantes marcharon desde la Municipalidad hasta el Concejo bajo la consigna "No al cambio de COU. No a los edificios arruinando nuestros barrios". Solo un grupo reducido pudo ingresar al edificio. El resto quedó afuera y protagonizó forcejeos con la Policía.

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"Nosotros los vecinos nos vamos muy desilusionados porque realmente el oficialismo decidió cómo tenemos que vivir nosotros", dijo la arquitecta Alejandra García, vecina de Villa Adelina, durante la protesta. Otra residente increpó al presidente del cuerpo, Jorge Álvarez: "No somos barras, somos vecinos".

 

 

 

 

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Entre los cambios aprobados figuran nuevas tipologías multifamiliares, la habilitación de construcciones compactas en lotes pequeños y edificaciones de hasta 6,5 metros de altura en zonas comerciales costeras. El texto también cataloga inmuebles anteriores a 1946, prohíbe viviendas sobre la costa y protege la barranca natural.

El oficialismo defendió el proyecto como una herramienta para ampliar el acceso a la vivienda y ordenar el crecimiento urbano a largo plazo. Lanús calificó la sanción en redes sociales como un "paso histórico" y sostuvo que el nuevo esquema apunta a generar "más viviendas accesibles".

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La oposición cuestionó la ausencia de audiencia pública y de estudios de impacto ambiental previos a la votación, y advirtió sobre riesgos en materia de tránsito, inundaciones y servicios básicos.

Asimismo, vecinos de las ciudades de Villa Adelina, Boulogne y Beccar acusaron que el proyecto se aprobó sin participación ciudadana suficiente.