Una sesión del Concejo Deliberante de Villa Gesell terminó en violencia durante el lunes cuando se debatía el presupuesto 2026: la concejal Clarisa Armando fue agredida dentro del recinto, en la ciudad costera bonaerense de Villa Gesell, por un grupo señalado como afín al oficialismo, lo que derivó en denuncias judiciales y un fuerte impacto político.
El episodio se produjo en medio de una sesión clave para definir el presupuesto municipal, en la que ya se anticipaba un clima de alta tensión por la falta de consenso entre oficialismo y oposición. La discusión escaló rápidamente tras la votación, que terminó con el rechazo del proyecto.
Hoy en Villa Gesell el oficialismo kirchnerista mandó una patota a golpear a nuestra concejal Clarisa Armando y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto de 64 mil millones de pesos, el doble de lo que costaba gobernar este municipio. Les pegaron adentro del… pic.twitter.com/SF05RBxLxs
— PRO Buenos Aires (@probuenosairesp) May 5, 2026LEÉ TAMBIÉN:Tensión latenteUna decisión de Barrera desencadenó una fuerte protesta frente al Municipio de Villa Gesell
Según registros en video y testimonios, tras la caída del presupuesto comenzaron los disturbios: hubo gritos, empujones y lanzamiento de objetos dentro del recinto. Una botella impactó contra Armando, mientras otros concejales también denunciaron agresiones físicas.
La edil del PRO relató que recibió golpes por la espalda y terminó con moretones, además de denunciar que los ataques continuaron incluso fuera del edificio. También aseguró que personal de salud y otros presentes resultaron afectados durante el caos.
Desde la oposición apuntaron contra sectores vinculados al oficialismo y denunciaron la presencia de una “patota” dentro del recinto, presuntamente integrada por sindicalistas. En ese marco, sostienen que la violencia se desató tras la negativa a aprobar el presupuesto impulsado por el intendente Gustavo Barrera.
Tras los incidentes, varios concejales realizaron denuncias policiales y debieron permanecer durante horas dentro del edificio bajo custodia. El hecho generó repercusiones a nivel político y reavivó el debate sobre la violencia institucional en medio de una disputa clave por los recursos municipales.