El Honorable Concejo Deliberante del municipio bonaerense de Villa Gesell se encuentra en una encrucijada y con riesgo de perder el edificio ubicado en avenida 5 entre paseos 105 y 106. Sucede que comodato del inmueble venció el pasado 31 de diciembre de 2025 y el Correo Argentino, propietario del edificio, ya envió una propuesta formal de contrato de alquiler.
Las instalaciones ubicadas fueron cedidas en comodato al municipio para el funcionamiento del Poder Legislativo local. Sin embargo, el acuerdo contractual expiró sin que se haya renovado a tiempo. El Correo Argentino propuso un nuevo contrato cuyo monto supera ampliamente los tres millones de pesos mensuales.
La presidenta Marilina Córdoba enfrenta una decisión clave: autorizar el millonario gasto o buscar una nueva sede antes de que avance el pedido formal de desalojo.
Una cifra elevada que representa un importante desafío para las finanzas municipales. El Departamento Ejecutivo no pudo firmar el acuerdo debido a que el presupuesto 2026 aún no fue aprobado por los concejales.

Ante esta situación, el Ejecutivo giró el expediente completo al Concejo Deliberante a comienzos del año legislativo. El expediente ingresó a la Comisión de Presupuesto y Cuentas, presidida por el concejal radical Luis “Chirolita” Domínguez.
Curiosamente, es la misma comisión donde también permanece cajoneado el propio presupuesto municipal. A pesar de la evidente urgencia del tema, el expediente sobre el alquiler del edificio sigue sin tratamiento en la comisión, generando preocupación sobre posibles consecuencias si no se resuelve a tiempo.

En las últimas horas, desde el Correo Argentino habrían decidido avanzar con una intimación formal para que el municipio resuelva la situación, aumentando la presión sobre los concejales.
El próximo paso deberá ser por parte de los ediles, quienes de una vez por todas tendrán que resolver si autorizan el gasto de más de tres millones mensuales o la presidenta del Concejo, Marilina Córdoba, tendrá que buscar rápidamente un nuevo espacio antes de que se concrete un desalojo judicial.