Los intendentes bonaerenses de distintos espacios políticos impulsan por estas horas un reclamo conjunto ante la Legislatura provincial para modificar la ley de endeudamiento y habilitar el uso libre de fondos municipales, en medio de una crisis financiera que amenaza el pago de salarios y aguinaldos; la movida, que se formaliza con firmas y presentaciones institucionales, busca destrabar recursos en un contexto de parálisis legislativa y caída de ingresos.
El planteo surge en un escenario de fuerte deterioro fiscal en los distritos, atravesado por la baja de la coparticipación y la caída de la recaudación local, dos variables que impactan de lleno en las arcas municipales. Intendentes advierten que el desfasaje entre ingresos y gastos se profundizó en los últimos meses.
En ese marco, jefes comunales del peronismo, la UCR y el PRO coincidieron en avanzar con una estrategia común, articulada principalmente a través del Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo (FRICDe). El espacio ya envió notas formales a las autoridades de ambas cámaras para acelerar el tratamiento del tema.


El eje del reclamo apunta a modificar el esquema vigente del Fondo de Fortalecimiento Municipal, que actualmente distribuye un 70% de libre disponibilidad y un 30% atado a programas específicos. Los intendentes buscan que la totalidad de los recursos pueda ser utilizada sin restricciones.
Según argumentan, la afectación específica de parte de esos fondos limita la capacidad de respuesta ante urgencias financieras. En muchos casos, aseguran, los municipios ya están recurriendo a financiamiento de corto plazo para cubrir gastos corrientes, una práctica que consideran insostenible en el tiempo.

La preocupación central pasa por el pago de salarios y del medio aguinaldo, con varios distritos que anticipan dificultades concretas para cumplir con esas obligaciones. La posibilidad de redireccionar los fondos aparece como una herramienta clave para evitar atrasos o pagos en cuotas.

El trasfondo de la crisis combina factores estructurales y coyunturales, entre ellos la caída de la actividad económica, el aumento de costos operativos y una mayor demanda de servicios públicos locales. Esta combinación tensiona la gestión diaria de los municipios.

En paralelo, el Ejecutivo bonaerense reconoce la complejidad del escenario, pero sostiene que cualquier modificación del esquema vigente depende exclusivamente de la Legislatura. Desde el gobierno provincial remarcan que la ley actual ya contempla cierto grado de flexibilidad.

Sin embargo, la falta de funcionamiento pleno del Parlamento provincial agrega presión al conflicto. La demora en la conformación de comisiones y el escaso movimiento legislativo en lo que va del año complican cualquier avance en el corto plazo.
Con el calendario apretando y la incertidumbre económica en aumento, los intendentes redoblan la presión política para acelerar definiciones. El reclamo ya expone una tensión transversal que atraviesa a todas las fuerzas y anticipa un debate clave sobre el financiamiento municipal en la Provincia.