La provincia de Buenos Aires atraviesa una escalada de amenazas de tiroteo en escuelas que ya supera las mil denuncias, según datos del Ministerio Público Fiscal, registradas en los últimos días a partir de mensajes, pintadas y publicaciones en redes sociales, lo que activó operativos policiales, investigaciones judiciales y protocolos de seguridad en múltiples distritos.
El fenómeno no es aislado: forma parte de una ola reciente de intimidaciones que afectó a establecimientos educativos en distintos puntos del país, obligando incluso a suspender clases y reforzar medidas preventivas ante mensajes como “mañana tiroteo” difundidos entre estudiantes. La cifra de mensajes intimidatorios en las escuela ya superan las mil denuncias.
En territorio bonaerense, las investigaciones avanzan especialmente en municipios como Moreno y Mar del Plata, donde la Justicia logró identificar a alumnos involucrados en amenazas. En algunos casos, se ordenaron allanamientos y se evalúan sanciones económicas contra las familias por los costos de los operativos de seguridad.

Los expedientes judiciales revelan que varios de los implicados son menores de edad, aunque algunos, como adolescentes de 16 años, ya son considerados punibles. En esos casos, intervienen fiscalías de responsabilidad juvenil que buscan determinar el grado de intencionalidad y las posibles consecuencias legales.
El impacto también se siente en ciudades como La Plata, donde decenas de denuncias encendieron las alertas en el sistema educativo. Allí se activaron protocolos de evacuación, controles en accesos escolares y presencia policial, en medio de una fuerte preocupación de familias y docentes.

Especialistas advierten que detrás de esta ola puede haber un efecto contagio vinculado a redes sociales y comunidades digitales que amplifican este tipo de conductas, en un contexto reciente marcado por hechos graves como el tiroteo escolar ocurrido en marzo en Santa Fe, que dejó un muerto y varios heridos.
Frente a este escenario, autoridades educativas y de seguridad avanzan en la implementación de protocolos y mesas de trabajo interministeriales para contener la situación, mientras crece la preocupación por un fenómeno que combina intimidación, viralización digital y riesgos concretos en la comunidad escolar.