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El Municipio de General Madariaga, encabezado por el intendente Esteban Santoro (UCR), obtuvo una resolución judicial por un conflicto con la empresa Ecoplata debido al manejo del basural de la ciudad, que recibe deshechos de los locales como también de Villa Gesell y Pinamar.
La obtención de la titularidad del dominio permite que Madariaga cuente con un marco legal para ir adecuando el predio a las normativas vigentes y los estándares nacionales e internacionales de medio ambiente, entre ellas, la instalación de una planta de clasificación de residuos y de una celda para el depósito de no reciclables.
El Juzgado Contencioso Administrativo de Necochea, bajo la dirección del Dr. Carlos Alberto Herrera, emitió un fallo reciente que confirma la expropiación del predio de 97 hectáreas, ubicado en el kilómetro 405,50 de la Ruta 11, en favor del municipio.
El fallo establece que la comuna deberá indemnizar a la empresa con una suma calculada en dólares, una decisión que ha sido cuestionada por la administración del intendente Santoro, quien anunció que apelará el monto. Según un comunicado de prensa, el municipio considera que la cifra no refleja el "grave daño ambiental" sufrido por la zona.
El conflicto se originó en 2018, cuando la Municipalidad de General Madariaga desplazó a Ecoplata de la operación del basural local, argumentando que la empresa estaba incumpliendo sus obligaciones contractuales relacionadas con el saneamiento y la remediación del lugar.
Además, se señaló que las operaciones de Ecoplata estaban afectando gravemente el medio ambiente, lo que llevó al municipio a tomar el control del tratamiento de residuos y a implementar un programa de remediación ambiental con el apoyo del Estado nacional.
En 2019, la Cámara de Mar del Plata revirtió la medida, devolviendo a Ecoplata la operación del predio y cuestionando la intervención estatal en el proceso, insinuando una "oscura intención estatal de apoderarse del establecimiento".
A pesar de este revés, el municipio continuó gestionando el predio y, en 2020, logró que la Cámara de Diputados bonaerense diera media sanción a un proyecto de ley que declaraba el predio como de "utilidad pública", autorizando así su expropiación. La ley fue finalmente sancionada en 2021.
A pesar de la confirmación judicial de la expropiación, las discusiones continuaron, con los demandantes acusando a la Municipalidad de General Madariaga de una "expropiación irregular" y centrando su atención en las tierras no utilizadas del predio.
La reciente decisión judicial establece que el municipio deberá pagar una indemnización de 392.624 dólares por el valor del terreno y 291.692 dólares por las edificaciones y mejoras, junto con una tasa anual del 6% desde la presentación del informe pericial hasta la liquidación, y la tasa activa de interés del Banco de la Provincia de Buenos Aires hasta el pago efectivo.
Esta decisión de parte de la Justicia podría ponerle punto final a un conflicto de larga data, a menos que el municipio, como manifestó, decida apelar el monto de indemnización final.
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