En las últimas horas creció la tensión entre los ruralistas de la provincia de Buenos Aires y el Gobierno bonaerense ya que desde La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) acusan un aumento “abusivo” en el Impuesto Inmobiliario a la par que anunciaron el inicio de acciones en el caso de que no se retroceda con las subas.
El Concejo Directivo de Carbap se reunió ayer y resolvió pedirle al Gobernador bonaerense Axel Kicillof una serie de medidas para morigerar el aumento del Inmobiliario Rural, al tiempo que adelantó que, como gesto político, la próxima reunión de su órgano de conducción se realizará en La Plata.
A la vez, acordaron que serán los productores quienes, individualmente, accionen ante la justicia. Como entidad adelantaron “acciones puntuales” ante oficinas de Arba en el territorio.
Uno de los puntos que exige Carbap es “respetar el tope aprobado por la Legislatura bonaerense de un aumento del 200%” en el aumento interanual del Inmobiliario Rural.
Otra de las controversias está centrada en las bonificaciones por buen contribuyente y adhesión al débito automático, que el gobierno quitó este año. Los productores entienden que ese es un derecho adquirido y contabilizan el beneficio como parte del aumento.
El gobierno niega que ese sea el mecanismo y ratifica la decisión de aplicar una política diferente a la del año pasado en este punto.
La asamblea de Carbap –la organización ruralista más importante de la Provincia- definió un claro endurecimiento de su posición: además de los reclamos directos al Gobernador, que incluyen también un tope a la suba para las propiedades más caras- le piden a la Legislatura que “accione” para “la modificación” de la Ley Fiscal vigente, que se aprobó con acompañamiento de bancadas de la oposición.
A la vez, la entidad lanzó una estrategia para que sean sus afiliados los que accionen judicialmente (algunos ya lo hicieron) mientras que buscará realizar asambleas en diversos puntos de la provincia en las que se analizarán acciones contra el aumento y se buscará involucrar a los intendentes en la disputa.
En ese marco, Carbap explicitó una advertencia con fecha de aplicación: si antes de mayo sus demandas no son satisfechas, “se sugerirá a los productores eliminar el pago electrónico o débito automático de las boletas”.
La Provincia, que mantiene un diálogo reservado con la conducción ruralista, decidió por su parte profundizar los operativos de cobrabilidad para las deudas corrientes. Es decir, para lo que hasta ahora no pagaron la primera cuota del tributo, que ya venció. Para esos deudores hay un plan que permite financiar en cuotas las deudas.
Pero a la vez, Arba definió que para resguardar el crédito de la provincia no va a dejar que las deudas prescriban, por lo que en casos de deudores con moras que se acumulen van a iniciar acciones legales.
Esta serie de reclamos de parte de los ruralistas se da luego del llamado a rebelión fiscal por parte del Diputado Nacional José Luis Espert, que luego el propio presidente Javier Milei apoyó.
Por su parte Kicillof rechazó lo dicho por Espert, y se sumó el director de Arba quien argumentó que no existe tal “impuestazo” en la Provincia.