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Productores agropecuarios de Bolívar, denunciaron que el intendente Marcos Pisano confeccionó una suerte de “lista negra”, luego de que este emita una orden municipal que impide que, algunos de estos productores, accedan a guías de venta de hacienda.
El caso guardaría relación con una medida interpuesta hace unos meses por un grupo de productores, la mayoría de ellos enrolados en Productores Agropecuarios Unidos (PAU).
Con esta medida y valiéndose de preceptos legislativos vigentes con anclaje en la propia Constitución Nacional, advirtieron al Ejecutivo local que no abonarán la Tasa Vial hasta tanto no se preste la debida contraprestación.
Las Tasas municipales son retributivas de un servicio y por lo tanto, de acuerdo a lo informado oportunamente, se amparan en el derecho de no pagar hasta que el servicio se preste en regular forma.
Por esta razón hay un recurso administrativo interpuesto ante el Municipio pendiente de resolución, que puede llegar incluso a instancia judicial.
Según trascendió en el medio La Mañana de Bolívar, esta situación habría derivado en la suspensión de la emisión de guías por una supuesta orden del propio intendente expresada en forma verbal a la oficina correspondiente “y sin ningún sustento legal, ya que ni siquiera hubo una resolución ni una comunicación por escrito”, precisó uno de los afectados.
Hace algunos días,la propia Sociedad Rural de Bolívar se hizo eco de esta situación y solicitó al intendente “de manera urgente dejar sin efecto la medida administrativa de no otorgar guías a los productores que no estén al día con el pago de la Tasa Vial”, advirtiendo que tal procedimiento importa “el ejercicio autoritario del poder”.
En este contexto, otro de los damnificados dijo no dudar “en calificar a esa lista como de lista negra” al tiempo que informó que de ninguna manera “aceptamos ser tratados como deudores, toda vez que lo que estamos haciendo es ejerciendo un derecho con base constitucional y contamos para ello con asesoramiento jurídico especializado. Aquí hay lisa y llanamente un abuso de derecho de parte del intendente municipal”.
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