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Verónica Magario, vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, podría ser la clave para definir por primera vez una votación en el Senado bonaerense si el proyecto de Ley de Alquileres para la Provincia, impulsada por el senador bonaerense Francisco Durañona, llega al recinto en los próximos días.
En el mapa de la Cámara Alta, el Frente de Todos y Juntos tienen la misma cantidad de bancas: 23 cada bloque. Pero la pandemia y falta de acuerdos llevó a que el trabajo legislativo se paralizara casi por completo y, hasta el momento, Magario nunca se vio obligada a utilizar su voto doble.
Sin embargo, esta situación puede cambiar si en los próximos días el Frente de Todos consigue bajar al recinto un proyecto de Ley de Alquileres bonaerense que esta semana se discutió en la comisión de Legislación General donde Christian Alejandro Gribaudo, Elisa Beatriz Carca, Flavia Delmonte, Nidia Alicia Moirano, Juan Pablo Allan y Daniela Elizabeth Reich; los senadores de Juntos, la rechazaron.
La semana próxima se tratará en la comisión de Asuntos Constitucionales donde el Frente de Todos tiene mayoría y puede emitir un dictamen en favor de la iniciativa. Con esos pasos cumplidos el proyecto podría bajar al recinto para someterse a votación. Si eso ocurre, es posible que haya un empate que haga que sea Magario quien tenga que definir, y lo haga por la positiva.
El proyecto en cuestión está impulsado por Francisco ‘Paco' Durañona, aunque no está claro si cuenta con el acompañamiento de todo el bloque de senadores que lidera la senadora Teresa García. Sobre los lineamientos del proyecto, aseguran que es una la ley similar a la que rige en la Ciudad de Buenos Aires. Es por eso, también, que se sorprenden de que el PRO y la UCR la rechacen en la Provincia.
"Nosotros entendemos que el problema está en la oferta. A medida que se ponen más regulaciones y restricciones, tanto a nivel nacional como en la ciudad, traen como consecuencia exactamente lo contrario: se genera mayor demanda con menor oferta", destacó el jefe de senadores de Juntos, Alejandro Ravinovich.
El texto brinda algunos beneficios para los inquilinos. Entre otras cosas, que el 4% de honorarios para el arrendamiento de casas urbanas y rurales, carga que actualmente se divide entre los locatarios y locadores, será exclusiva de los propietarios.
Además, también establece que las certificaciones de firmas y los pedidos de informes para alquiler con fines de vivienda sean gratuitos. Por su parte, Durañona explicó que, en la Ciudad, esta Ley fue impugnada judicialmente por las distintas organizaciones de martilleros y hubo una defensa férrea del oficialismo porteño.
"Tal es así que el Tribunal Supremo de CABA le dio la razón a la Ciudad rechazando todos los argumentos vertidos por los martilleros y en ningún momento hubo una vocación por parte del PRO en la Ciudad para modificar la vigencia de la Ley", explicó el impulsor.
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