La reforma del Bapro sumida en la incertidumbre, especulaciones y el ultimátum judicial

Mientras el debate central gira en torno al Presupuesto 2023 de Axel Kicillof y esta semana se activó la negociación política con el pedido de fondos de los intendentes, las posiciones contrapuestas entre oficialismo y oposición en torno al proyecto que revierte los cambios en el régimen de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco Provincia, incrementaron la tensión durante los últimos días.

El PRO salió a primerear y marcar la cancha al calificar el proyecto de Kicillof como una “modificación política y oportunista que pone en riesgo la sustentabilidad del régimen”. La lapidaria respuesta fue una acusación de “apriete a la Suprema Corte” por parte del jefe de Gabinete bonaerense. Con este fuego cruzado, la solución política por la que bregó la Corte estaría lejos de alcanzarse.

El lunes 14 de noviembre es la fecha fijada por el máximo tribunal. El aviso informativo a las partes fue hecho a fines de octubre. La preocupación concreta radica en los 5 mil amparos de pasivos que piden la inconstitucionalidad de la Ley 15.008. Un eventual fallo impactaría de lleno en las arcas de la provincia y daría lugar a un nuevo capítulo de rencillas políticas. Los cálculos y estimaciones datan de unos "$ 38 mil millones" si fallara la Corte –más del 75 % de lo que piden los jefes comunales en obras para el próximo año-.

En medio de esta disputa, la Asociación Bancaria también hizo escuchar su voz. “Vienen por todo”, recriminó el gremio conducido por Sergio Palazzo, y hasta dejó un precipitado mensaje con matiz electoral: “Cuando vayas a votar el año que viene, recordá que siempre vinieron por tus derechos y ahora redoblan la apuesta”.

La iniciativa está empantanada en la Cámara de Diputados, pese a contar con cuatro dictámenes de comisión. El rechazo intransigente de la principal coalición opositora explica la dificultad del oficialismo para tender puentes hacia un acuerdo. Si bien en un momento desde el Frente de Todos se entusiasmaban con que el PRO y el radicalismo votaran distinto, esta posibilidad fue echada por tierra con el correr de los meses. Y con el 2023 a la vuelta de la esquina, las chances son nulas.

“Rechazamos cualquier proyecto que aumente el déficit”, dejaron trascender desde el espectro opositor a CRONOS. El principal argumento es que la totalidad de los aportes previsionales alcanza para financiar la mitad del gasto que demandan los pasivos del Bapro. Incluso, según pudo saber este medio, desde el partido amarillo estarían predispuestos a trabajar  en un “nuevo proyecto”, siempre con la premisa de “bajar el gasto”. Por lo bajo, reconocen que el tema amerita una solución concreta y sin grises de forma urgente.

¿Una alternativa factible para destrabar el conflicto y trazar puntos de entendimiento hacia la búsqueda de una solución plausible y consensuada? Con un proyecto listo –en términos legislativos- para recibir la media sanción, ¿el oficialismo dará lugar a la petición opositora y habilitará modificaciones en el articulado? ¿Habrá margen para una nueva negociación?

Interrogantes que no pueden ser respondidos hasta el momento, en medio de un contexto donde reina la incertidumbre. Quizás la nueva audiencia en la Corte ayude a aclarar el panorama, aunque con el riesgo latente de la inconstitucionalidad a cuestas.

Por Nicolás S. Alonso