Piden la destitución de Vidal de su cargo como diputada nacional

Carlos Cisneros, diputado nacional del oficialismo, presentó en la Cámara baja del Congreso Nacional una propuesta para que María Eugenia Vidal, diputada nacional y ex gobernadora de la Provincia, sea destituida de su actual cargo por la causa de presunto espionaje ilegal y persecución a sindicalistas y opositores.

En un escrito de 11 páginas, Cisneros se amparó en el artículo 66 de la Constitución Nacional, sosteniendo: "Vidal promovió, durante su gestión en el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, una persecución política y judicial contra dirigentes sindicales".

Cabe destacar que el diputado oficialista también se desempeña como dirigente gremial de La Bancaria, lo cual lo acerca a la causa. En caso de llegar a ser tratado por el Congreso, se requiere de dos tercios de votos para destituir de su cargo a la diputada Vidal.

Por el momento, la exgobernadora no se encuentra imputada por la causa que se encuentra investigando el juez federal Ernesto Kreplak, después de que se conociera un video en el que el exministro de Vidal, Marcelo Villegas, haga referencia a una “Gestapo”.

Estas imágenes, fueron registradas por la AFI, de quien también había funcionarios presentes, en una reunión que se realizó en el Banco Provincia de la Ciudad de Buenos Aires en 2017.

“Es incompatible que una representante del pueblo de la Nación haya perseguido a las organizaciones gremiales. Ni Vidal ni sus ministros dieron las explicaciones pertinentes, incluso dicen desconocer la situación”, agregó Cisneros en el proyecto.

Además, expresó: "En los videos está claro cuando el ministro Villegas dice que la decisión era nacional, municipal y provincial sin que ninguno de los presentes planteen objeción alguna. Y los mails y testimonios de quienes organizaron la reunión son muy contundentes al señalar que el pedido de la sala venía de la gobernación de Vidal. No podemos hacernos los distraídos, la Cámara de Diputados debe dar respuestas a esta situación”.

Finalmente, concluyó: "La conducta a la que nos referimos es contraria al Estado de Derecho y a los más mínimos estándares de gobierno democrático y republicano, resulta violatoria de derechos humanos y constituye hechos de inédita gravedad institucional. Se trata de hechos susceptibles de ser tipificados como causales de “inhabilidad moral” e “indignidad”.