Vidal ratificó que Provincia no adhiere al protocolo nacional de aborto no punible que firmó su Ministra de Salud

Un tema muy sensible y cargado de polémicas, marcha atrás e incluso cruces entre ministros fue la adhesión de la Provincia al protocolo nacional de aborto no punible. Cabe recordar que el martes 18 de octubre desde el Ministerio de Salud que conduce Zulma Ortiz, mediante la gacetilla N° 461, se informó que “a través de una resolución de la ministra Ortiz, la provincia adhirió al protocolo nacional para casos de interrupción legal del embarazo”.

La polémica se desató al instante y pegó de lleno en los sectores más conservadores del Gabinete de Vidal. Tal es así, que según trascendió, en la reunión que Gabinete que se desarrolló el miércoles 19, el ministro de Producción, Joaquín De la Torre cruzó a Ortiz por la decisión, mostrando un enojo airado. El malhumor por la resolución no sólo afectó al exmassista, sino a un eje principal dentro del equipo de la Gobernadora, quien se encarga de ratificar o no las promulgaciones de la Provincia en el Boletín Oficial. De ese modo, el secretario de Legal y Técnica, Julio Conte Grand, frenó la publicación de la norma en el Boletín Oficial. La presión sectores vinculados a la Iglesia Católica, fuera y dentro del Gabinete de Vidal, fueron los que hicieron que la resolución sea detenida, pase a un “estado de revisión”, y ahora, finalmente quede descartado en base a lo que dijo la Gobernadora.

En declaraciones televisivas, la mandataria bonaerense sostuvo que la Provincia "ya tiene un protocolo" para la instrumentación del aborto no punible que "representa estrictamente" lo fijado por la Corte Suprema de Justicia. “Este protocolo está vigente", respondió Vidal ante la consulta.

En ese sentido, destacó la necesidad de “darle intervención al área de niñez, a los gremios por el tema de la objeción de conciencia (de los médicos), y a la justicia para evitar la judicialización” de los abortos encuadrados en circunstancias no punibles. “Mientras esas tres áreas intervienen, el protocolo está vigente. Un director de un hospital público está obligado a aplicar ese protocolo de acuerdo a esa normas”, subrayó la gobernadora.

El protocolo al que se refiere Vidal está fechado en julio de 2012 (Nº 3146/12), cuando Scioli era gobernador. Esta medida no estuvo exenta de polémicas. La guía de procedimientos que fue presentada en ese tiempo por el ex ministro de Salud, Alejandro Collia, establece que el aborto no punible debe “ser practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta”.

Dos años después, en 2014, la administración Scioli -en base a ese protocolo- puso en funcionamiento un equipo de salud móvil para atender los pedidos de aborto no punible que encuentren algún obstáculo arbitrario en hospitales públicos. La medida se dio en medio de la polémica, al conocerse que las autoridades sanitarias del Hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega (Moreno), rechazaron practicar el procedimiento a una chica de 13 años, abusada por su padrastro. La iglesia y los sectores más conservadores del Gabinete de Scioli, también presionaron sobre el anuncio de este móvil, que derivó en la desactivación de la iniciativa.

La resolución de Ortiz -ahora anulada- establecía la eliminación de las barreras de acceso a la interrupción del embarazo y regía en las causales de peligro de vida de la mamá, en resguardo de la salud de la mujer o cuando el embarazo fuera producto de una violación. Esa resolución, en concordancia con el protocolo nacional, permitía hacer la práctica de interrupción del embarazo de manera ambulatoria en los centros de atención primaria de salud.