En defensa de AUBASA, Katopodis denunció “negociado” en la gestión de Milei por la licitación de rutas

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, cuestionó este lunes la exclusión de la empresa estatal AUBASA de una licitación nacional para obras viales en la provincia de Buenos Aires, y confirmó que el gobierno provincial avanzará con una impugnación del proceso al considerar que presenta irregularidades.

El conflicto se da en el marco del plan del Gobierno nacional para concesionar tramos de rutas estratégicas, en línea con su política de reducción del rol del Estado en la obra pública. La decisión de dejar afuera a AUBASA generó un fuerte rechazo en la administración bonaerense.

Según expresó el funcionario de Kicillof, la empresa provincial cumplía con todos los requisitos exigidos y estaba en condiciones competitivas para participar. “AUBASA era la mejor posicionada”, afirmó, al tiempo que destacó su experiencia en la gestión de corredores viales y su esquema de costos.

Katopodis también puso en duda la transparencia del proceso licitatorio. “La excluyen en un proceso lleno de irregularidades”, sostuvo, y aseguró que la Provincia no convalidará decisiones que, a su entender, perjudican el interés público.

En ese sentido, el ministro fue más allá y lanzó críticas directas al Gobierno nacional encabezado por Javier Milei. “No hacen obra pública, pero igual quieren entregarle negocios a sus amigos”, disparó, en una de las declaraciones más duras.

La licitación en cuestión forma parte de un esquema más amplio de concesiones impulsado por el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, orientado a transferir la gestión de infraestructura vial al sector privado.

Desde la Provincia sostienen que la exclusión de AUBASA limita la posibilidad de contar con una alternativa estatal eficiente y con tarifas más accesibles. En ese marco, remarcan que la empresa viene desarrollando obras y mantenimiento con financiamiento propio y estándares competitivos.

El enfrentamiento se inscribe en una disputa más amplia entre Nación y Provincia por el manejo de la obra pública y los recursos. En los últimos meses, la administración bonaerense ya había cuestionado la paralización de proyectos y la falta de financiamiento nacional.

Además, el Gobierno provincial anticipó que recurrirá a instancias administrativas y judiciales para frenar el proceso licitatorio si se comprueban irregularidades. La estrategia apunta a garantizar la participación de la empresa estatal y revisar los criterios de adjudicación.

Mientras tanto, el tema suma tensión política en un contexto de fuerte ajuste fiscal y redefinición del modelo de infraestructura en el país. Desde la Provincia advierten que no permitirán decisiones que, según afirman, afecten a los usuarios y al desarrollo vial bonaerense.