En medio de reclamos por fondos, Kicillof convocó a intendentes para medir el impacto del ajuste de Milei

El gobernador bonaerense Axel Kicillof convocó a intendentes oficialistas y opositores a una cumbre el jueves 26 de marzo en La Plata, con el objetivo de analizar el impacto de las medidas económicas del gobierno de Javier Milei en la provincia. La reunión se da en medio de tensiones políticas y un contexto económico adverso que afecta tanto a la gestión provincial como a los municipios.

La convocatoria, que tendrá lugar en el Salón Dorado de la Gobernación, busca reunir a jefes comunales de distintos espacios políticos bajo el eje de las consecuencias del ajuste nacional. En la administración bonaerense sostienen que las políticas libertarias generan una fuerte presión sobre las cuentas públicas y condicionan el funcionamiento del entramado productivo.

El título del encuentro generó ruido en el oficialismo nacional y especialmente entre dirigentes libertarios, que interpretaron la movida como un gesto político de confrontación. Desde el entorno de Kicillof, en cambio, aseguran que se trata de una instancia necesaria para evaluar en conjunto la situación económica que atraviesan los distritos.

Uno de los primeros en cuestionar la iniciativa fue Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero en uso de licencia, quien criticó al gobernador por priorizar la disputa política. Según planteó, la gestión provincial debería enfocarse en resolver los problemas cotidianos de los bonaerenses en lugar de confrontar con la Nación.

El trasfondo de la convocatoria está marcado por el reclamo de la provincia a la Nación por una deuda millonaria en fondos coparticipables y obras públicas frenadas. Desde la gobernación aseguran que se trata de recursos que corresponden por ley y que su falta impacta de lleno en la ejecución de políticas y servicios esenciales.

A este escenario se suma la caída de la recaudación producto de la crisis económica, lo que complica aún más las finanzas provinciales y municipales. Los intendentes enfrentan una merma en los ingresos por coparticipación, una herramienta clave para sostener servicios básicos, en un contexto donde crece la preocupación por el impacto social del ajuste.