Denuncia urbanística sacude Tandil y apuntan a Lunghi por loteo

Una denuncia penal de alto impacto sacude la política local de Tandil: desarrolladores inmobiliarios presentaron una acusación formal contra el intendente Miguel Ángel Lunghi y el secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, por presuntas maniobras para frenar de manera deliberada un proyecto urbanístico en la zona serrana de La Porteña. El planteo judicial fue radicado ante el Ministerio Público Fiscal y recayó en la UFI 24 de Delitos Complejos.

Los denunciantes sostienen que el municipio bloqueó arbitrariamente el avance del emprendimiento “Miradores de Montecristo”, ubicado en la Chacra 274, un loteo cuya subdivisión data de la década de 1940 y que, según ellos, tendría derechos adquiridos válidos pese a normativas posteriores. A partir de ello, acusaron a Lunghi y a Lafosse de delitos que incluyen abuso de autoridad, tráfico de influencias, defraudación a la administración pública y estafa procesal.

Según el escrito, el bloqueo administrativo implicó decisiones sin base técnica ni jurídica clara, como negar autorizaciones o dilatar trámites, lo que habría generado perjuicios económicos millonarios al desalentar la inversión y la compra de lotes. La denuncia también menciona la supuesta existencia de una medida cautelar invocada por el propio Lunghi que, según los firmantes, nunca fue emitida ni notificada por la Justicia.

El contexto del conflicto fue precedido por reclamos administrativos: días antes de la denuncia penal, los desarrolladores habían elevado notas y pedidos formales de pronto despacho por la paralización del expediente municipal, denunciando opacidad en el acceso a documentación pública y desaparición de fojas clave del expediente. Este tipo de planteo alimentó la escalada hacia la vía judicial.

Desde el Ejecutivo local, en tanto, se defendió la actuación municipal: el secretario Lafosse y otros funcionarios adujeron que la paralización del proyecto se debe a restricciones del Plan de Desarrollo Territorial vigente, que considera esa área como “zona rural no urbanizable”, y no a una maniobra irregular. El municipio sostiene que se actúa en función de la normativa ambiental y de ordenamiento territorial vigente.

La polémica también trascendió al ámbito político del Concejo Deliberante de Tandil, donde bloques como Acción Tandilense – La Libertad Avanza expresaron su “profunda preocupación” por la denuncia y exigieron transparencia, mientras otros actores municipales calificaron el planteo judicial como “descabellado” y pidieron cautela ante una causa en curso.

Con la causa penal en marcha y la intriga sobre el caso, la justicia deberá ahora determinar si las acusaciones tienen sustento probatorio sólido o si, por el contrario, el conflicto urbanístico responde a una disputa compleja entre privados alrededor de la titularidad y posible uso de tierras, en un escenario donde están en juego inversiones, normativa ambiental y expectativas de crecimiento urbano.