29 dic 2025
La Provincia de Buenos Aires refinanció parte de su deuda pública al emitir nuevos bonos en pesos que vencen en diciembre de 2026, con el objetivo de cancelar un vencimiento de más de $17.000 millones correspondiente a títulos emitidos en 2024. La decisión fue oficializada por el Ministerio de Economía bonaerense y publicada en el Boletín Oficial.
La medida, formalizada mediante la Resolución N° 124-SSFIMECONGP-2025 y firmada por la subsecretaria de Finanzas, Analía Tello, consiste en la emisión de bonos a tasa variable con vencimiento el 17 de diciembre de 2026. Estos instrumentos reemplazarán el servicio de deuda que debía pagarse el mismo día de 2025, buscando ordenar los compromisos financieros provinciales.
Según la resolución, los nuevos bonos alcanzan un valor nominal de $17.014.475.711, que incluye capital por más de $15.000 millones e intereses por casi $2.000 millones. Los títulos originales, emitidos en diciembre de 2024, tenían como único tenedor a Provincia Seguros S.A., que prestó su conformidad para la operación.
La refinanciación se enmarca en las facultades del Poder Ejecutivo según la Ley N° 15.480, que permite a la Provincia endeudarse hasta el equivalente a USD 1.800 millones para cumplir compromisos financieros, mejorar el perfil de vencimientos, regularizar atrasos y financiar programas sociales y obras públicas. La norma sigue los lineamientos generales de la Resolución N° 390/25 sobre emisión de deuda de mediano y largo plazo.
Los bonos estarán denominados en pesos, con amortización total al vencimiento y devengarán intereses a tasa variable ligada a la TAMAR de bancos privados, con pagos trimestrales en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2026. La garantía proviene del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, un mecanismo habitual para respaldar los compromisos provinciales.
La resolución subraya que la operación permite evitar desembolsos inmediatos, prolongar los plazos de pago y ordenar el cronograma de vencimientos, en un contexto de restricciones fiscales. La Tesorería General, la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría y la Fiscalía de Estado intervinieron en la medida, que forma parte de la estrategia del Ejecutivo bonaerense para sostener el funcionamiento del Estado sin comprometer obligaciones esenciales.
LAS MÁS LEÍDAS